
El exfiscal del Distrito Nacional y exmiembro del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, afirmó que existe un error de fondo al considerar que la designación del procurador o procuradora por el Consejo Nacional de la Magistratura garantiza la independencia del Ministerio Público, como está concebido actualmente en la Constitución.
Durante su participación en El Rumbo de la Mañana, Hernández Peguero sostuvo que “la independencia está dada por la escogencia, la forma como se escogen a los fiscales”, al destacar que en el país existen más de 900 fiscales que adoptan decisiones con autonomía a partir de un sistema de carrera.
Explicó que esa independencia se fortaleció con la Ley del Ministerio Público impulsada durante la gestión del entonces presidente Leonel Fernández, al establecer un régimen de carrera mediante concursos, capacitación y evaluaciones.
“Usted no entra a ser fiscal por ser adepto o simpatizante de un partido político”, puntualizó, subrayando que el mérito profesional es lo que garantiza decisiones independientes.
En ese sentido, criticó la idea de que la independencia provenga de acuerdos políticos dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. “Independencia no lo da que los políticos que estén en el Consejo Nacional de la Magistratura se pongan de acuerdo con el presidente de la República para escoger a una persona”, afirmó.
Hernández Peguero abordó además el tema de los acuerdos judiciales, al referirse al caso de un regidor dominicano condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Señaló que, aun colaborando con las autoridades norteamericanas, el imputado “está preso y está condenado a siete años”, lo que evidencia, a su juicio, diferencias sustanciales con los acuerdos alcanzados en la República Dominicana.
Al comparar ambos modelos, indicó que en Estados Unidos los acuerdos tienen propósitos y obligaciones claramente definidos. “Si ese regidor dominicano llegó a un acuerdo con Estados Unidos, téngalo por seguro que ya existe una obligación al momento de dictar la sentencia de que esa persona va a cooperar”, explicó.
El exfiscal recordó que fue el primer representante del Ministerio Público dominicano en concretar un acuerdo de cooperación vinculado a Estados Unidos, en un caso que permitió la incautación de más de 900 millones de pesos a favor del Estado dominicano.
Asimismo, advirtió sobre la falta de un marco jurídico que permita aprovechar en República Dominicana las confesiones de imputados que cooperan con la justicia estadounidense. “A nosotros nos interesa mucho aquí esas confesiones”, dijo, al plantear la necesidad de revisar los acuerdos de extradición para que la cooperación internacional tenga efectos reales en el país.
Finalmente, Hernández Peguero expresó preocupación por la reciente reforma constitucional de 2024, que excluyó al Ministerio Público del diseño e implementación de la política criminal del Estado, función que ahora recae en el Ministerio de Justicia.
A su juicio, se trata de una atribución “determinante para lograr la seguridad ciudadana y el clima de estabilidad del país”, cuya exclusión podría tener consecuencias institucionales relevantes.