El exfiscal del Distrito Nacional y exmiembro del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, sostuvo que existen elementos suficientes para investigar el presunto uso de fondos de Senasa en el financiamiento de la campaña electoral de 2024.
Durante su intervención en El Rumbo de la Mañana, Hernández Peguero, quien también es el representante técnico de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE), indicó que la denuncia formulada por el expresidente Leonel Fernández “no es un invento ni una deducción”, sino que se sustenta en informaciones ofrecidas por imputados del caso Senasa durante el conocimiento de la medida de coerción.
“Consta en las declaraciones de los imputados de este caso de Senasa cuál era el destino del dinero sustraído ilícitamente. Ellos dijeron que era para financiar la campaña electoral”, afirmó el jurista, al señalar que gran parte de esos fondos no habría ido a los bolsillos personales de los involucrados, sino al financiamiento político.
Hernández Peguero recordó en el programa de Rumba FM que el financiamiento ilícito de campañas electorales conlleva sanciones penales, incluyendo multas equivalentes al doble de lo recaudado de manera ilegal.
Explicó que este tipo de prácticas suele estar acompañado de otros delitos. “Para lograr la obtención de ese financiamiento ilícito se cometen falsedades, estafas, abuso de confianza y lavado de activos”, puntualizó.
“Yo dudo que la actual procuradora, si tiene los datos de que ese dinero fue distraído para la campaña, no acuse a los responsables”, sostuvo, al enfatizar que los principales beneficiados de esos recursos habrían sido actores políticos.
Asimismo, consideró que corresponde al órgano acusador investigar el destino específico del dinero presuntamente distraídos de Senasa.
“El Ministerio Público tiene que investigar si esos fondos fueron a parar a los bolsillos de los imputados o a la campaña política. El rastro del dinero es fácil”, afirmó, señalando que ya existen personas cooperando con las autoridades.
Hernández Peguero también llamó a la Junta Central Electoral a ejercer plenamente las facultades que le otorga la Ley de Partidos Políticos, incluyendo la imposición de medidas cautelares cuando se compruebe el uso de recursos públicos en campañas.
Finalmente, advirtió que el uso indebido de recursos públicos impacta directamente la calidad de la democracia y citó como señal de alerta la baja participación electoral registrada en 2024.
A su juicio, los partidos y dirigentes deben asumir una nueva visión de cara a 2028, para evitar que “el recurso público mal habido” siga influyendo en la competencia política y en la decisión de los electores de acudir o no a las urnas.