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El Ministerio Público aseguró este lunes el el expediente acusatorio depositado en fiscalía del Palacio de Ciudad Nueva que Santiago Hazím Albainy recibió sobornos y estableció compromisos económicos antes de ser nombrado director del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para cumplir luego de ser nombrado.
Según la acusación del ente judicial, Hazím habría aceptado vehículos de alta gama de parte de empresarios que posteriormente integrarían la red fraudulenta que, durante su gestión, se benefició del presupuesto del seguro estatal.
El documento judicial precisa que, incluso antes de su designación, el imputado pactó obligaciones económicas que cumpliría una vez tomara control de la institución. El acápite 18 de la página 13 señala que estos acuerdos formaron parte del esquema que permitió a terceros, con los que mantenía vínculos previos, aprovecharse de los recursos públicos destinados a la cobertura de salud.
La acusación sostiene además que Hazím ya presentaba antecedentes vinculados a operaciones ilícitas manejadas a través de empresas de su propiedad y de personas allegadas. Estas estructuras, según la Procuraduría, funcionaban como frentes para ejecutar maniobras fraudulentas que le generaron beneficios indebidos antes y durante su administración en SeNaSa.
El Ministerio Público establece en el caso que denominó "Operación Coba" que la investigación se inició tras hallazgos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), órgano supervisor del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que detectó conductas irregulares en áreas clave de SeNaSa. Los reportes enviados a la Procuraduría revelaron esquemas orientados a obtener ganancias ilícitas mediante la manipulación de autorizaciones internas, procesos de compras, asignación de recursos y actividades sospechosas entre empleados y terceros.
En ese sentido, el órgano persecutor explica que estos patrones evidenciaron un “desgobierno institucional” que facilitó la sustracción de fondos públicos a través de estructuras diseñadas para intervenir procedimientos internos. La evaluación de documentos, matrices analíticas y verificaciones de campo permitió establecer la existencia de un entramado que vulneró normas, alteró registros y utilizó canales paralelos de administración para disfrazar desvíos de dinero.
De acuerdo con el expediente, este sistema criminal tomó forma tras la designación de Hazím como director ejecutivo mediante el Decreto 377-20, del 21 de agosto de 2020. A partir de entonces, el exfuncionario habría conformado un círculo de colaboradores con los cuales instauró un esquema permanente de corrupción caracterizado por recepción de sobornos, falsificación de estados financieros, manipulación de cuentas bancarias, programas fraudulentos, privatizaciones irregulares y coalición de funcionarios, todo en perjuicio del Estado dominicano.
La acusación detalla que las maniobras se ejecutaron mediante métodos sofisticados y registros creados para simular legalidad, lo que afectó directamente el patrimonio público y comprometió los recursos destinados a los afiliados más vulnerables del sistema de seguridad social.
El Ministerio Público concluye que el entramado dirigido por Hazím —en el que habrían participado empresarios, profesionales de la salud, particulares y funcionarios— provocó un daño profundo a la sostenibilidad de los fondos de SeNaSa y vulneró derechos fundamentales de miles de ciudadanos que dependen del seguro estatal para recibir atención médica.
Lo más destacado del Ministerio Público en la acusación al principal acusado