La libertad de expresión va acompañada de la garantía constitucional, por lo que la abogada Anny Guzmán detalló que debe existir un balance entre el derecho de informar y no llegar al ataque al honor.
"En el caso de los funcionarios, ellos a pesar de que tienen una función publica, ellos tienen una vida privada, partiendo de ahí esas insinuaciones que se hacen en contra de su persona no solo afectan a él también lo afectan en su vida familiar", ponderó.
La especialista en derecho expresó que en caso de no existir una sentencia o una situación que se le pueda atribuir si cae en delitos como la difamación e injuria.
"Las personas afuera ven , esa persona es culpable, es un ladrón, un delincuente, y adentro en el tribunal no está pasando eso", agregó.