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A propósito de la reciente demanda por presunta difamación presentada por el cantante español Julio Iglesias contra la cadena Univisión, ha resurgido con fuerza el debate sobre la delgada línea que separa la libertad de expresión del derecho fundamental al honor.
Lo que parece una disputa de celebridades en escenarios internacionales tiene un eco directo en la República Dominicana, donde los tribunales ven un aumento significativo de casos similares.
El conflicto estalló cuando el intérprete de "Hey" interpuso una demanda contra la cadena Univisión tras la difusión de alegadas acusaciones de agresión sexual. Iglesias reclama una indemnización de 200 millones de dólares, argumentando que su prestigio y honra han sido vulnerados.
Para el jurista Víctor Eddy Mateo, el accionar del cantante es un mensaje claro sobre la protección de la integridad personal:
"Lo que está pasando con Julio Iglesias es el mero ejemplo de lo que debe hacer una persona, independientemente de que sea una figura pública o un ciudadano común", señaló el abogado.
Uno de los puntos más controvertidos en el ámbito legal dominicano es la naturaleza misma de la difamación. Según el abogado Julián Roa, la percepción popular de que "si es verdad, no es difamación" es un error jurídico común.
"La difamación empieza cuando un ciudadano daña la imagen o la honra de otros con sus expresiones. No importa que sean verdaderas o falsas; tú puedes difamar diciendo la verdad", explica Roa.
Este fenómeno no es ajeno a la realidad local. Casos recientes han puesto en jaque la narrativa de los comunicadores y figuras de redes sociales:
La legislación dominicana es taxativa al respecto. El Artículo 49, numeral 5 de la Constitución, establece que el disfrute de las libertades debe ejercerse respetando el honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Asimismo, en la era digital, la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (artículos 21 y 22) endurece las sanciones para quienes utilicen medios electrónicos para injuriar o difamar, recordando que la pantalla de un computador o celular no otorga impunidad.
El desafío actual de la sociedad dominicana es encontrar un equilibrio sano: que el miedo a las demandas no silencie la verdad necesaria para la democracia, pero que el uso de la palabra deje de ser utilizado como un arma de destrucción personal.