La Universidad de Harvard, en medio de tensiones con la administración del presidente Donald Trump, cerrará sus oficinas dedicadas a estudiantes de minorías, comunidad LGBTQ y mujeres, trasladando al personal a una nueva estructura dentro de la recién formada Oficina de Cultura Académica y Comunidad (OCC).
De acuerdo con el diario estudiantil Harvard Crimson, el decano David J. Deming informó por correo al personal que alrededor de 50 trabajadores, incluidos más de 15 becarios, serán integrados a la Fundación Harvard dentro de la OCC.
Deming aseguró que, pese a esta reestructuración, los servicios continuarán disponibles para la comunidad estudiantil.
«Con esta nueva estructura, materializamos nuestro compromiso de apoyar a todo nuestro alumnado y fomentar una comunidad donde personas de todos los orígenes, perspectivas y experiencias puedan aprender, crecer y prosperar juntas», concluyó Daming.
Harvard ha tenido enfrentamientos con el Gobierno de Trump, que la acusó de no combatir adecuadamente el antisemitismo en su campus y de violar los derechos civiles de estudiantes judíos, además de cuestionar sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Con el cierre de estas oficinas, la universidad cumple parcialmente con las exigencias planteadas por la administración republicana.
El Gobierno de Trump, en su momento, intentó impedir que Harvard aceptara estudiantes extranjeros, aunque esta medida fue bloqueada indefinidamente por una jueza federal.
Asimismo, la administración congeló más de 2,000 millones de dólares en fondos federales, un tema que actualmente se debate en un tribunal en Boston.
En abril pasado, los abogados de Trump enviaron a Harvard un memorando confidencial identificando a la Fundación para las Relaciones Interculturales y Raciales como una entidad que debía ser “eliminada”, advirtiendo sobre posibles demandas, según reportó el diario estudiantil.
Posteriormente, Harvard renombró dicha fundación como Oficina Central de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia, iniciando un proceso de eliminación de referencias a políticas DEI, en línea con las exigencias de la administración republicana.