Las autoridades peruanas confirmaron el hallazgo sin vida de los 13 mineros secuestrados hace una semana en la provincia de Pataz. Los cuerpos fueron encontrados dentro de un socavón con signos de tortura y heridas de bala a quemarropa, lo que confirma que fueron brutalmente ejecutados por integrantes de una organización criminal vinculada a la minería ilegal, liderada por un individuo conocido como “Cuchillo”.
Los trabajadores, contratados por la empresa R&R para brindar servicios de seguridad a la minera Poderosa, fueron reportados como desaparecidos el 26 de abril. Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, muestra el momento en que los mineros fueron asesinados uno a uno.
Entre las víctimas se encuentran jóvenes que migraron desde otras regiones en busca de empleo. Hasta ahora, solo ocho han sido identificados. La recuperación de los cuerpos fue llevada a cabo por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) con apoyo del Ejército, tras un operativo en el que también participaron rondas campesinas de la zona.
El Gobierno Regional de La Libertad exigió que se declare el estado de sitio en la provincia, mientras que el Ministerio del Interior anunció el despliegue de unidades especiales para capturar a los responsables. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, prometió tomar medidas drásticas y advirtió que no se permitirá que las bandas criminales impongan su ley.
La empresa minera Poderosa denunció que Pataz se ha convertido en un “territorio sin ley” y criticó la inacción del Estado ante el avance de la minería ilegal. Por su parte, gremios privados y organizaciones civiles exigieron justicia y acciones urgentes para detener la violencia en la zona.
El hecho ha generado una fuerte crisis política después de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, negara inicialmente la existencia del secuestro. Parlamentarios han solicitado su renuncia o censura tras confirmarse la masacre.
Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a la morgue central de Trujillo, donde sus familiares esperan obtener respuestas y justicia ante uno de los crímenes más impactantes del año en el país.