El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó este viernes que 4.239 personas fueron asesinadas y 1.356 resultaron heridas en Haití entre los meses de julio y febrero, en crímenes perpetrados con armas que ingresan de manera ilegal desde el extranjero, a pesar del embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El 92 % de las víctimas han sido alcanzadas por disparos de armas de fuego que circulan en Haití, las cuales son cada vez más sofisticadas y cuyo número se estima entre 270.000 y 500.000 unidades, afirmó el alto comisionado Volker Türk al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos el último informe de su organismo sobre este país.
«Las pandillas han ampliado su control sobre áreas de Puerto Príncipe que antes estaban libres y sus alrededores, tomando territorios e infraestructuras«, señaló Volker Türk.
Según la información recopilada, diversas pandillas se han unido para llevar a cabo ataques coordinados, utilizando armas poderosas y, en algunos casos, superando en número y capacidad a las fuerzas del orden.
Türk enfatizó que para frenar la crisis que afecta a Haití es crucial detener el flujo de armas ilegales hacia este país, ya que, a menos que se aborden los factores que perpetúan el caos, «cualquier progreso en seguridad y estabilidad será efímero».
El informe presentado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indica que el uso de la violencia sexual ha aumentado de forma alarmante, con casos de violaciones colectivas y explotación sexual utilizadas por las pandillas como herramientas de coerción sobre las comunidades y para consolidar su dominio.
Asimismo, se explica que las pandillas han establecido su propia forma de gobierno en las áreas bajo su control, desafiando la autoridad del Estado a pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional.
Durante el periodo que cubre el informe, más de 2.000 personas fueron asesinadas o heridas en operativos policiales contra pandillas, lo que representa un 60 % más que en los seis meses anteriores, con un 30 % de las víctimas alcanzadas por balas perdidas.
La ONU también ha documentado 219 ejecuciones extrajudiciales por parte de unidades especializadas de la policía, un aumento significativo en comparación con los 33 casos registrados en 2023.