
El dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara afirmó que el combate al narcotráfico no puede tratarse como un tema coyuntural ni partidario, sino como una obligación del Estado y una necesidad urgente para sanear el sistema político dominicano.
Aseguró que los casos recientes que involucran a funcionarios del Gobierno deben procesarse “caiga quien caiga”, y destacó que en la actual gestión existe voluntad para llevar las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”.
Gómez Mazara sostuvo al ser entrevistado por un equipo de RCC Noticias, que toda actividad ilícita vinculada a miembros de partidos políticos “desacredita el sistema completo” y alimenta el desencanto ciudadano que se refleja en altos niveles de abstención electoral.
En ese sentido, advirtió que el deterioro reputacional afecta tanto a la clase política como a quienes sí militan por vocación y trabajo serio.
“Toda actividad ilegal que impacte en el sistema de partidos políticos termina desacreditándonos, y hay que generar los paliativos institucionales necesarios para que eso no siga ocurriendo.”… “Quizás la mejor forma de explicar que el 48% de la población no votó en las elecciones es sobre la base del descrédito del sistema de partidos.”, dijo el funcionario.
“Si un militante incurre en una violación del ordenamiento legal, que lo procesen. Si hay que extraditarlo, que lo hagan. Eso contribuye a una necesaria higienización del sistema de partidos”, dijo con firmeza.
Añadió, “yo saludo toda acción del Ministerio Público, de la DEA, de la DNCD y de cualquier organismo que persiga hasta las últimas consecuencias ese tipo de práctica".
“No se puede pedir de forma irresponsable lo que otros no hicieron. Este no es un problema de un partido, es un problema de la sociedad”.
Sobre cómo evitar la infiltración del crimen en los partidos, Gómez Mazara planteó la necesidad de una nueva legislación que fortalezca los controles internos, incluso si eso implica revisar la presunción de inocencia en determinados procesos para permitir una evaluación más estricta de la conducta financiera y el historial de los aspirantes. “Hay que impedir, de una vez y por todas, que personas vinculadas al crimen puedan insertarse en la política”, concluyó.
