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Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití solicitaron el lunes a un juez federal en California que suspenda la orden de la Casa Blanca que pone fin al amparo migratorio en los próximos meses, lo que los pone en riesgo de deportación.
Durante la audiencia llevada a cabo en una corte de San Francisco, los demandantes pidieron a la corte que impida la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de concluir las protecciones para aproximadamente 350,000 venezolanos y cerca de 500,000 haitianos que se benefician del TPS, mientras se lleva a cabo el litigio.
Denuncias de racismo
La demanda sostiene que el final del TPS para los inmigrantes de estos dos países está motivado por “racismo” y que la secretaria Noem carece de la autoridad necesaria, dado que la Administración de Joe Biden (2021-2025) había otorgado una extensión de 18 meses al amparo.
La Alianza Nacional del TPS, compuesta por decenas de miles de beneficiarios y organizaciones, es la principal demandante en este caso.
“La cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable”, dijo en un comunicado José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS.
La querella busca proteger a más de un millón de beneficiarios del TPS de Haití y Venezuela. “Me sentí impactado y devastado al enterarme de que nos retirarían el TPS en tan solo una semana.
El TPS nos ha brindado seguridad. No podemos regresar a Venezuela con tranquilidad,” expresó un demandante venezolano que se identifica como E.R. y que perdería su protección el próximo 2 de abril si la corte no interviene.
La Alianza TPS se formó tras el primer intento de Trump en 2018 de finalizar este amparo para al menos seis países, el cual fue desestimado en un tribunal federal. Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles y la Alianza Puente Haitiana.
Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, reiteró que la secretaria Noem “no tiene la autoridad para eliminar las protecciones del TPS ni socavar la integridad de un programa autorizado por ley.”
Protestas en Caracas
Por otro lado, familiares y allegados de migrantes venezolanos se concentraron ayer en Caracas para exigir justicia y el regreso de sus parientes, a quienes consideran “secuestrados” en El Salvador, tras ser enviados allí por Estados Unidos.
