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Los principales gremios de trabajadores del país advirtieron que cualquier intento de modificar la figura de la cesantía —contemplada en el artículo 80 del Código de Trabajo— pondría en grave riesgo la paz social que ha caracterizado a la República Dominicana durante décadas.
Durante un acto conmemorativo del Día del Trabajador, dirigentes sindicales denunciaron que, a pesar de algunos ajustes salariales, persiste una amplia brecha entre los ingresos de los trabajadores y el elevado costo de la canasta básica, lo que agrava la precariedad económica de amplios sectores de la población.
Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), advirtió a senadores y diputados que no deben jugar con una conquista histórica del movimiento obrero. “La cesantía no fue acordada a espaldas del país. Es el resultado de 11 años de discusiones en el Consejo Consultivo del Trabajo y debe respetarse como garantía de estabilidad y atracción de inversiones”, expresó.
Ramos también reclamó mayores garantías para la libertad sindical y criticó que en sectores como la construcción, la agricultura y las zonas francas todavía se limita el derecho a la organización laboral. Además, denunció el incumplimiento de la Ley de Seguridad Social y exigió una reforma profunda, calificando el plan básico de salud como "un misterio" y el régimen contributivo-subsidiado como ineficaz.
Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), lamentó que muchos trabajadores sobrevivan con ingresos insuficientes, a pesar de los aumentos recientes. Señaló que los pensionados y empleados públicos perciben apenas entre 7,000 y 10,000 pesos, lo que los obliga a realizar múltiples trabajos para subsistir.
"El problema no es solo normativo, sino también la falta de voluntad para aplicar los derechos. La estructura económica actual privilegia a los empleadores y margina a los trabajadores", denunció Del Río.
Los gremios reiteraron su compromiso con la justicia social, la equidad y un salario digno. Exhortaron al Congreso Nacional y al gobierno a no alterar derechos fundamentales como la cesantía y a priorizar el diálogo en cualquier intento de reforma laboral. Además, advirtieron que cualquier retroceso en estas conquistas podría poner en riesgo la paz laboral y el clima de estabilidad en el país.