Gorocuya Félix explica cómo RD adquirió los terrenos de su Embajada en España

Durante la llamada, Félix destacó la importancia de registrar formalmente las propiedades diplomáticas en España, logrando exenciones fiscales, y reconstruyó el expediente para evitar impuestos inmobiliarios.

El exministro consejero de la Embajada Dominicana en el Reino de España, Gorocuya Félix, aclaró este martes, durante una llamada a El Sol de la Mañana, el proceso mediante el cual la República Dominicana adquirió las propiedades donde actualmente funcionan la residencia del embajador y la sede de la Embajada en Madrid.

Félix explicó que en 1944 doña María Martínez adquirió un palacete ubicado en las afueras de Madrid, una zona que con el paso del tiempo quedó integrada al desarrollo urbano de la ciudad. Diez años después, en 1954, dicha propiedad fue vendida al Estado dominicano por un monto de 250 mil pesos, cuando el embajador en funciones era Rafael Bonelly.

Indicó que esa propiedad permaneció a nombre del Estado dominicano hasta 1970, año en que fue vendida. Con los recursos obtenidos se adquirió el actual apartamento que sirve como residencia del embajador, ubicado en la calle Príncipe de Vergara número 36, con una extensión aproximada de 540 metros cuadrados.

Asimismo, detalló que en ese mismo período se compró el inmueble donde hoy opera la Cancillería dominicana en España, localizado en el Paseo de la Castellana número 30, sede desde donde actualmente se realizan transmisiones institucionales y actividades diplomáticas.

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Gorocuya Félix precisó que no fue hasta la gestión del embajador Pedro Vergés, durante el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cuando ambas propiedades fueron formalmente registradas a nombre del Estado dominicano en el Registro de la Propiedad español. Este paso permitió que los inmuebles obtuvieran las exenciones tributarias correspondientes a su condición de misión diplomática.

Finalmente, señaló que como ministro consejero en ese período le correspondió reconstruir todo el expediente ante la Agencia Tributaria y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, tras recibir notificaciones de cobro del impuesto inmobiliario, proceso cuyos documentos reposan tanto en los archivos de la Cancillería dominicana como de la Embajada en Madrid.

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