x
El presidente Luis Abinader sometió este lunes al Congreso Nacional una propuesta de modificación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer las sanciones, incluyendo penas que podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión.
El proyecto fue depositado en el Senado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien entregó el documento al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
Según explicó Peralta, el proyecto contempla cambios a los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley vigente, con el fin de robustecer los elementos jurídicos que permitan una persecución más efectiva de estas prácticas delictivas. Señaló que la normativa actual presenta limitaciones que obstaculizan su aplicación y dificultan la judicialización de los casos.
Esta iniciativa forma parte del paquete de 15 medidas anunciadas por el mandatario el pasado domingo, en respuesta al creciente flujo migratorio de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana.
En el 5 se incorporará la tipificación del delito por omisión, estableciendo dos condiciones: que la gente sea garante de la protección de un bien jurídico o garante de la vigilancia de un determinado foco de peligro, "siempre que exista la obligación bajo contrato de actuar de una forma determinada o exista una estrecha relación de comunidad entre personas".
De igual manera, cuando, dentro del propio ámbito de dominio, se asuma la protección voluntaria de una persona o la vigilancia de una fuente de peligro, o se haya creado una situación de riesgo para el bien protegido.
El artículo 6, sobre comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes y trata de persona, también se modificará, mientras que el 7 se variará para incorporar otras circunstancias agravantes y se subirán las penas, tanto para el actor principal como el cómplice.
En ese caso particular, se considerará la relación del actor con la víctima, la gravedad del daño, la vulnerabilidad de la víctima, así como los medios empleados.
Penas aumentarán
En ese sentido, de aprobarse la iniciativa, la pena pasará de 10 a 15 años de cárcel y de 150 a 250 salarios mínimos a de 12 a 20 años de reclusión y multa de 750 a 1,500 salarios mínimos del sector público; así como la suspensión de la ciudadanía, en el caso de que sea un extranjero que la haya obtenido.
En cuanto a los cómplices, se aumentarán la sanción, se agrega los agravantes: uso de armas, daño a mayores de edad y la muerte de persona objeto del tráfico.
Debido a eso, si a causa de la comisión de los delitos contemplados en la ley resulte la muerte de una persona objeto de tráfico ilícito de migrantes o víctima de trata, la pena será de 30 años; sin embargo, si se produce la muerte de dos o más personas, la pena subirá a 40 años de reclusión.
En ambos casos, la pena estará acompañada de multa de 3,000 a 6,000 salarios mínimos del sector público y la suspensión de los derechos de ciudadanía de conformidad con la Constitución.