Gobierno refuerza estrategia de prevención y control para reducir crimen en 2026

Raful destacó la lucha contra el crimen organizado y la protección de menores. Se habilitó un centro para verificar celulares robados, y se implementarán acciones de prevención y lucha contra la violencia de género.

El Gobierno dominicano reforzó para 2026 sus políticas públicas de prevención, control y participación ciudadana con el objetivo de reducir el crimen, los conflictos sociales y fortalecer la seguridad ciudadana, informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras la primera reunión presencial del año de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Raful anunció que este año se duplicarán los esfuerzos contra el tráfico y el porte ilegal de armas, así como el desmantelamiento de bandas criminales que operan en el país, como parte de una estrategia integral para garantizar la paz, la convivencia y la protección de la población.

Desmantelamiento de bandas y control de mercados ilícitos

Entre las áreas prioritarias de acción se encuentran el combate al crimen organizado, la lucha contra el microtráfico, la protección de niños, niñas y adolescentes, y el control de los mercados ilícitos vinculados al robo de celulares, motocicletas y metales.

En ese marco, la ministra destacó la puesta en funcionamiento de un centro de verificación de celulares en Plaza Central, desarrollado junto al Indotel, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, que permite a los ciudadanos comprobar gratuitamente si un dispositivo es robado. Este servicio será ampliado progresivamente a otros puntos del país.

Raful también resaltó las acciones de prevención y orden público mediante el control de la contaminación sónica, el nuevo modelo de patrullaje preventivo y el trabajo territorial a través de las mesas de seguridad ciudadana, coordinadas con diversas instituciones del Estado.

Armas ilegales y reducción de homicidios

Raful informó que durante 2025 fueron retiradas de las calles más de 6,500 armas ilegales, las cuales están presentes en alrededor del 70 % de los homicidios y hechos violentos registrados en el país.

Además, señaló que durante el período de mayor actividad social se desplegaron más de 27,000 agentes policiales y 3,000 miembros del Ejército.