x
El Gobierno dominicano respondió al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 6 de febrero, en el que el organismo expresó preocupación por las políticas migratorias aplicadas en el país, asegurando que dichas observaciones privilegian alegaciones no verificadas por encima de la información oficial suministrada por el Estado.
El Gobierno dominicano reiteró su disposición al intercambio técnico y transparente de información con la CIDH, subrayando que toda evaluación debe sustentarse en fuentes contrastables y considerar el contexto regional marcado por una presión migratoria excepcional, derivada de la prolongada crisis en Haití.
La Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo en un comunicado divulgado el 7 de febrero por el, que la protección de los derechos humanos y la defensa del interés nacional no son objetivos contrapuestos, y que la gestión ordenada y soberana de la migración es una condición necesaria para preservar la estabilidad institucional y garantizar los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado dominicano.
En materia de salud, el Gobierno reafirmó que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por su estatus migratorio. Indicó que los protocolos de coordinación entre las autoridades sanitarias y migratorias buscan ordenar la prestación de servicios en un contexto de alta demanda, con especial protección a mujeres embarazadas, niños y personas con condiciones de salud especiales.
Respecto a los centros de procesamiento migratorio, la Cancillería aseguró que se han ejecutado mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, con mecanismos de supervisión interna y coordinación institucional, reiterando su política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.
Asimismo, el Gobierno defendió su derecho soberano a regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Señaló que las medidas adoptadas responden a la necesidad legítima de gestionar un flujo migratorio extraordinario, evitando impactos negativos sobre la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos.
En ese sentido, rechazó la aplicación generalizada del principio de no devolución a toda persona en situación migratoria irregular, al considerar que ello equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar de manera indiscriminada a ciudadanos extranjeros, lo cual —afirma— excede sus obligaciones internacionales.
Finalmente, la Cancillería reiteró que la crisis haitiana es un desafío regional que requiere una respuesta colectiva, y reafirmó que la República Dominicana continuará abogando en los foros multilaterales por una acción internacional efectiva, solidaria y corresponsable, manteniendo abiertos los canales de diálogo con el sistema interamericano sobre la base del respeto mutuo y la buena fe.