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El Gobierno dominicano ha optado por fortalecer y ampliar los programas de bioseguridad en las granjas porcinas como principal estrategia para contener y reducir el impacto de la peste porcina africana (PPA), una enfermedad presente en el país desde 2021 y declarada endémica en 2024. Aunque en un inicio esta medida generó cuestionamientos entre los productores, con el paso del tiempo el sector se ha ido adaptando al enfoque oficial.
El director general de Ganadería (Digega), Abel Madera, explicó que la intención no es eliminar la producción porcina, sino reconstruirla de manera sostenible. En ese sentido, detalló que el plan consiste en equipar las granjas con sistemas de bioseguridad que permitan mantener la actividad productiva bajo condiciones más seguras. Este proceso, según indicó, tomará entre tres y cuatro años para completarse.
Madera aseguró que la enfermedad se mantiene bajo control, con una tasa de positividad inferior al 1 %, lo que permite continuar con la producción siempre que se apliquen medidas preventivas adecuadas. Sin embargo, pese a que la matanza formal de cerdos habría aumentado un 10 % en 2025 respecto al año anterior, cifras del Ministerio de Agricultura reflejan una caída del 25 % en la producción nacional, al pasar de más de 1.4 millones de quintales en 2024 a poco más de un millón en 2025.
Esta disminución ha provocado un desequilibrio entre la oferta y la demanda. El consumo estimado en 2025 superó los 3.2 millones de quintales, lo que obligó al país a importar más de 2.1 millones de quintales para cubrir las necesidades del mercado interno.
De acuerdo con la Federación Dominicana de Porcicultores (Fedoporc), antes de la llegada de la enfermedad existían unas 110,000 cerdas reproductoras en el país, cifra que se ha reducido a alrededor de 30,000, evidenciando el fuerte impacto que ha tenido la PPA en el sector.
A pesar de que inicialmente los productores favorecían el sacrificio de animales como medida de control, han terminado alineándose con la estrategia gubernamental. Así lo expresó el presidente de Fedoporc, Miguel Ángel Olivo, quien reconoció el respaldo brindado por el Estado en términos económicos, logísticos y técnicos para enfrentar la crisis.
El dirigente también destacó que estas acciones han contribuido a evitar brotes más severos, como el registrado entre enero y marzo de 2025, cuando se sacrificaron más de 25,000 cerdos y se destinaron hasta 160 millones de pesos en compensaciones para los productores afectados.
Por su parte, la representación en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que la experiencia internacional demuestra que la recuperación del sector porcino es posible mediante la implementación gradual de medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y gestión de riesgos.
En República Dominicana se han identificado unas 640 granjas porcinas, de las cuales el 82 % ya forma parte del programa de bioseguridad, según explicó el coordinador del área en la FAO, Diego Rojas. Añadió que las acciones preventivas se han intensificado, reduciendo de manera significativa el riesgo sanitario.
Este proceso ha implicado la tecnificación de las granjas, es decir, la modernización de los sistemas de producción mediante mejores prácticas sanitarias, infraestructura adecuada, control de acceso, trazabilidad y capacitación del personal.
Rojas subrayó además que la inversión en prevención resulta altamente rentable, ya que por cada dólar destinado a bioseguridad se pueden evitar pérdidas que oscilan entre 19 y 99 dólares en caso de brotes sanitarios.
Finalmente, desde Fedoporc se plantea que, además de estas medidas, es necesario transformar el modelo productivo, promoviendo la crianza separada de madres y lechones —similar a lo que ocurre en la avicultura— como una forma adicional de reducir el impacto de la enfermedad y fortalecer la recuperación del sector.