La administración del expresidente Donald Trump presentó este viernes una solicitud ante el Tribunal Supremo de EE.UU. para revertir la decisión de una jueza federal en California que bloqueó temporalmente los despidos colectivos en agencias gubernamentales. Además, pidió al Alto Tribunal implementar "una suspensión inmediata" mientras delibera.
El fiscal general, John Sauer, solicitó que se suspendiera la orden emitida por la jueza Susan Illston, quien prohibió provisionalmente que las instituciones federales llevaran a cabo recortes de personal de forma masiva.
Según Sauer, la medida judicial representa un obstáculo significativo para la estrategia del Gobierno y del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk. “Todo esto se basa en la extraordinaria opinión de que el presidente carece de autoridad para ordenar a las agencias ejecutivas cómo ejercer sus poderes estatutarios para llevar a cabo acciones de personal a gran escala dentro del poder ejecutivo”, afirmó.
En su recurso, el Gobierno argumenta que tiene derecho a “planificar reducciones de personal siguiendo instrucciones presidenciales” sin la necesidad de someter cada caso a una evaluación judicial previa.
La magistrada, sin embargo, no prohibió los recortes en sí mismos, sino que solicitó que estos se sustentaran con documentación adecuada y que, en reformas de gran alcance, se contara con el aval del Congreso, tal como establece la ley.
Poco antes de que se hiciera pública la petición, Trump expresó su molestia en su red Truth Social, arremetiendo contra el Tribunal Supremo:
“El Tribunal Supremo está siendo manipulado por los perdedores de la izquierda radical que no tienen apoyo, a quienes el público odia y cuya única esperanza es la intimidación del propio tribunal. ¡No podemos permitir que esto le ocurra a nuestro país!”, escribió.
Esta controversia coincide con otra disputa judicial: la audiencia acelerada sobre la revocación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, una orden ejecutiva de Trump que también enfrenta oposición en los tribunales inferiores.
Ambos casos reflejan un patrón en la estrategia legal del expresidente: evitar los cauces tradicionales del sistema judicial e intentar que las decisiones se resuelvan directamente en la Corte Suprema, que actualmente cuenta con una mayoría conservadora.