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Las sustancias controladas y el narcotráfico han sido temas de debates en los últimos meses, principalmente por la lucha férrea contra el trasiego ilícito que encarna el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por su presidente Donald Trump, quien ha desplegados los organismos antinarcóticos en todo el Caribe en busca de contrarrestar este mal.
La República Dominicana ha cooperado en operativos ejecutados en el país, y asegura sigue enfrentando con firmeza esa batalla para tratar de combatir este flagelo, sin embargo, el actual Gobierno ha sido salpicado en gran medida, debido a que algunos de sus funcionarios han sido apresados, extraditados y otros condenados por esta práctica.
A continuación presentamos un recuento de algunos hechos registrados en República Dominicana durante esta gestión, la cooperación de los Estados Unidos en la incautación más importante de este año y los casos más sensibles de los funcionarios y dirigentes del Gobierno vinculados a esta práctica.
La Fuerzas Armadas y la Aérea de Republica Dominicana en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) durante la Operación “Lanza del Sur” realizó el despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el narcotráfico en donde fueron incautados 484 paquetes de cocaína (casi 500 kilos) durante un operativo frente a Pedernales el pasado 15 de noviembre del presente año.
Las autoridades informaron que interceptaron una lancha rápida de 27 pies que se acercaba al litoral dominicano, durante el despliegue de fuerzas por aire, mar y tierra que duró poco más de 12 horas, en donde arrestaron a dos ciudadanos dominicanos y ocuparon 18 sacos con la droga, además de combustible, GPS y otros equipos. La embarcación habría partido desde Sudamérica con destino a RD.
El operativo ocurrió un día después del anuncio del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, sobre el inicio de “Lanza del Sur”, una ofensiva contra redes de narcotráfico vinculadas especialmente a Venezuela.
Las autoridades de Estados Unidos destacaron la incautación de la sustancia en Pedernales como uno de los primeros resultados contundentes de Operation Southern Spear (Operación Lanza del Sur) la ofensiva antinarcóticos anunciada por el Departamento de Defensa para el hemisferio occidental.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había informado horas antes del despliegue operativo coordinado con países aliados y valoró este tipo de interdicciones como acciones esenciales para “remover a los narcotraficantes del hemisferio” y proteger la seguridad regional.
Desde el Comando Sur (SOUTHCOM), la operación fue catalogada como un ejemplo de cooperación efectiva con la República Dominicana, al resaltar que la interdicción en alta mar refleja la importancia de las alianzas para enfrentar redes criminales transnacionales. Funcionarios estadounidenses señalaron que el cargamento representa un “fuerte golpe” para organizaciones vinculadas al narcotráfico que utilizan el Caribe como corredor de tránsito, destacando la rapidez con la que unidades aéreas, marítimas y terrestres pudieron interceptar la embarcación procedente de Sudamérica.
La Administración de Control de Drogas (DEA), que trabajó de manera conjunta con la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea, calificó el operativo como un paso significativo dentro del nuevo marco de cooperación regional impulsado por la Operación Southern Spear. La agencia subrayó que la coordinación con República Dominicana ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta frente a embarcaciones rápidas tipo “Go Fast”, utilizadas habitualmente para transportar cargamentos de alto volumen hacia costas dominicanas y, posteriormente, hacia Estados Unidos y Europa.
Para las autoridades estadounidenses, la operación en Pedernales evidencia que el despliegue regional anunciado este mes ya está generando resultados visibles. SOUTHCOM y la DEA coincidieron en que la República Dominicana continúa consolidándose como un socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, al tiempo que reiteraron que este tipo de incautaciones valida el objetivo central de la Operación Southern Spear: golpear tempranamente, desde el mar y el aire, a las estructuras criminales que operan entre Sudamérica y Norteamérica.
Por su lado, las autoridades dominicanas destacaron que la operación en la que fueron ocupados 484 paquetes de presunta cocaína en Pedernales se ejecutó mediante un amplio despliegue por aire, mar y tierra, coordinado entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y miembros del Ministerio Público.
La DNCD informó que la lancha rápida tipo go fast, procedente de Sudamérica, fue interceptada a varias millas al sur de Isla Beata tras aplicar los protocolos de actuación temprana. En la embarcación fueron detenidos dos hombres y se hallaron 18 sacos con los paquetes de droga, además de combustible, equipos de navegación y otras evidencias.
El organismo antinarcóticos calificó el decomiso como un duro golpe a las redes criminales que operan en el Caribe y aseguró que la República Dominicana continúa fortaleciendo su capacidad operativa con el apoyo de agencias internacionales. La DNCD subrayó que este tipo de resultados reafirma el liderazgo del país en la persecución del narcotráfico y la criminalidad organizada.
Francisco “El Perro” Paulino: el caso que reavivó el debate
Francisco Paulino, regidor del PRM, fue capturado junto a varias personas en un operativo internacional que lo vincula con actividades de narcotráfico. Su arresto reabre cuestionamientos sobre la filtración de estructuras criminales en cargos electivos.
Otros de los casos recientemente destapados, que también salpica el Gobierno, aunque no de forma directa es de Ethian Vásquez, hijo del del juez del Tribunal Superior de Tierras de El Seibo, José María Vázquez Montero y esposo de una diputada del partido de Gobierno. Este fue requerido por las autoridades luego de ser pedido en extradición.
Los expedientes se suman a otros casos de alto impacto que han marcado al partido gobernante desde 2020, como es el caso de Yamil Abreu, Miguel, Gutierrez, Fabio Augusto Jorge Pura, Gaspar Antonio Polanco Virela, Rosa Pilarte, Edickson Herrera Silvestre y Nelson Marmolejos Gil, entre otras personas de menor renombre y allegados a funcionarios que han sido vinculadas y acusadas de financiar campañas políticas.
Yamil Abreu
Exdirector municipal de Las Lagunas, Azua. Fue extraditado a Estados Unidos en plena campaña de 2020 por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Al momento de su apresamiento era dirigente activo del PRM y buscaba nuevamente la dirección municipal.
Miguel Gutiérrez
Diputado electo en 2020. Arrestado en Miami en 2021, fue condenado a 16 años de prisión en 2024 por traficar cocaína hacia Estados Unidos. Aunque el PRM pidió sustituirlo en la Cámara de Diputados, no se ha informado una expulsión formal.
Fabio Augusto Jorge-Puras
Exasesor honorífico de Zonas Francas. Destituido en mayo de 2025. Un jurado federal lo acusa de coordinar envíos de cocaína entre Colombia, RD y EE.UU. entre 2019 y 2020. Su remoción del cargo fue dispuesta mediante el decreto 273-25.
Exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del DN. Fue imputado por Estados Unidos por integrar una red internacional de narcotráfico. En octubre de 2025 viajó voluntariamente a Miami para entregarse a las autoridades.
Edickson Herrera Silvestre
Regidor del Distrito Nacional. Se entregó en mayo de 2025 a autoridades estadounidenses, acusado de ser parte de una estructura internacional de tráfico de cocaína. El Consejo de Regidores del DN lo suspendió en septiembre de 2025.
Rosa Pilarte
Exdiputada de Santiago. Condenada a cinco años de prisión por narcotráfico. Está casada con Miguel Arturo “Micky” López, señalado también por lavado y crimen organizado. No logró reelegirse en 2024 y perdió la inmunidad parlamentaria.
Juan Maldonado y Faustina Guerrero Cabrera (Operación Falcón)
Señalados en 2021 como parte de una red de lavado vinculada al narcotráfico. Maldonado fue suspendido de Comunidad Digna.
Su esposa, diputada Faustina Guerrero, mantuvo el cargo por su inmunidad y fue reelegida para 2024-2028. La Operación Falcón continúa en los tribunales de Santiago.
Nelson Marmolejos Gil, diputado de Santiago.
Tiene un proceso abierto en la Suprema Corte de Justicia por presuntos vínculos con el narcotráfico. Aun así, fue presentado como candidato y resultó reelecto para el período 2024-2028.
Por la cantidad de dirigentes y allegados al Gobierno de turno, que han sido apresados imputados y otros que ya fueron condenados por esta práctica, el ministro de la Presidencia salió al frente defendiendo que en esta administración no existe la impunidad contra el narcotráfico, y trato de vincular esta cantidad de casos a que la pasada administración del PLD no hizo su trabajo.
“Resulta lamentable que quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en nuestras estructuras sociales en el pasado no cumplieron con responsabilidad como debían”, dijo Paliza en un discurso.
Paliza destacó que los avances en los expedientes y las múltiples extradiciones son prueba de que el país vive un cambio institucional. “Si conoces de estos casos… es precisamente porque nuestro país cambió. Cambió porque tenemos un Ministerio Público independiente de verdad y un presidente que decidió no intervenir jamás en la justicia”, sostuvo, sin descartar que ocurran más casos en los próximos meses.
“Estoy casi convencido de que surgirán más casos en el futuro. No porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer y porque por fin en nuestro país la impunidad dejó de ser una opción”, afirmó.
El discurso de José Paliza encontró respuestas de la oposición, de la opinión pública y de comentaristas, quienes rechazan casi en su totalidad lo abordado por el funcionario.
Uno de esa respuesta vino del abogado Manny Sierra, quien lamentó que organismos extranjeros tenga que hacer el trabajo que “deberían encabezar” y es obligación de las autoridades dominicanas.
En declaraciones a RCC Noticias, calificó como “vergonzoso” que operativos, allanamientos y extradiciones por narcotráfico sean encabezados por organismos extranjeros —en particular la DEA— mientras instituciones nacionales como la DNCD, el DNI, la Policía, el Ejército y la Marina “no llevan la voz de alarma”. A su juicio, el hecho de que sean agencias internacionales quienes descubran los casos expone deficiencias graves en la persecución local del crimen organizado.
Al responder a las declaraciones del ministro José Ignacio Paliza, quien asegura que en esta gestión se ha incautado más droga que en 16 años de gobiernos anteriores, Sierra instó a comparar esas cifras con las del Inacif. También descartó que la República Dominicana sea un “narcoestado”, aunque admitió que hay funcionarios vinculados a actividades ilícitas. No obstante, insistió en que el problema no debe politizarse, sino abordarse fortaleciendo las instituciones locales y evitando que organismos extranjeros “terminen haciendo el trabajo que corresponde al Estado dominicano”.
La práctica impone un desafío persistente para el sistema político
Aunque las autoridades han destacado avances en la lucha contra el crimen transnacional, la sucesión de estos casos mantiene el debate sobre la infiltración del narcotráfico en estructuras partidarias, los filtros para la elección de candidatos y la necesidad de reformas que blinden a las instituciones frente al crimen organizado.
En este sentido, Paliza indicó que se encuentran obligados a seguir reforzando “nuestros procesos internos por mejores filtros y auditorías sobre nuestra militancia. Por tanto, presentaremos además varias propuestas legislativas, entre ellas la modificación de la ley 155-17 para convertir en sujetos obligados a los partidos políticos”.
Posición de Guido Gómez Mazara
Mientras que para el aspirante a la precandidatura del partido de Gobienro, Guido Gómez Mazara los casos de funcionarios vinculados al narcotráfico deben ser investigados y procesados sin importar el partido al que pertenezcan, debido a que entiende que afectan la credibilidad del sistema político y alimentan la desconfianza ciudadana. Sostuvo que toda acción ilegal cometida desde los partidos desacredita a quienes trabajan por la vía institucional.
Destacó que el Gobierno ha mostrado voluntad para enfrentar el narcotráfico, citando el reconocimiento del Departamento de Estado, la colaboración con la DEA y las estadísticas recientes de incautaciones. Sin embargo, rechazó que se intente atribuir este problema a una sola gestión, ya que —según dijo— la penetración del crimen organizado ha ocurrido en distintos gobiernos y sectores sociales.
Gómez Mazara planteó que la solución debe surgir de un acuerdo entre todos los partidos para establecer una legislación más estricta que impida la entrada de personas vinculadas a actividades ilícitas en la política. Para ello, propuso fortalecer los mecanismos de escrutinio y supervisión financiera de los aspirantes, a fin de proteger al sistema partidario y a la democracia.
La Dirección Nacional de Drogas ha iniciado varios operativos en sectores de Santo Domingo e intervino por varios días en un operativo conjunto la provincia de San Cristóbal luego de producirse varios incidentes por el aumento de la delincuencia.
Luego de la ejecución de más de 50 operativos, culminaron con la detención de 12 personas y el decomiso de sustancias narcóticas y diversas armas.
Un equipo de RCC Noticias visitó algunas de las zonas impactadas y encontró opiniones divididas de los ciudadanos entrevistados. Algunos expresaron que la delincuencia sigue igual y otros que se producen menos hechos delictivos.
En Herrera también entrevistamos a algunas personas, quienes opinaron que sienten que los casos de delincuencia común han disminuidos, aunque señalaron que ocurren casos aislados.
En Capotillo, por igual, los entrevistados aseguraron que se sienten más tranquilos, aunque hicieron la salvedad, que algunas zonas como el Maguito (La 42) son casos aparte.
Para la investigación solicitamos los datos estadísticos de las sustancias controladas incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) al vocero de esa institución, Carlos Devers, quien señaló que desde el 19 de Agosto 2020 al 26 de Noviembre de 2025 la actual gestión ha logrado cifras récord en la lucha contra el narcotráfico, con un total de 233,555.73 kilogramos de drogas incautadas.
Los datos estadísticos ofrecidos de manera exclusiva a RCC Noticias, revelan que de este volumen, 165,311.94 kg corresponden a decomisos realizados en territorio nacional, mientras que 68,243.79 kg fueron ocupados en operaciones internacionales en las que la institución colaboró con agencias aliadas. El organismo también reportó la ocupación de 147 embarcaciones, 13,893 vehículos, 1,686 armas de fuego, así como la detención de 192,639 personas, de las cuales el 99% son hombres.
Además de los decomisos, la DNCD destacó la incautación de importantes bienes vinculados a operaciones criminales, incluyendo 13,025,720.64 dólares estadounidenses y 195,284,512 pesos dominicanos en efectivo. También fueron ocupadas siete aeronaves, utilizadas para actividades ilícitas.
Según Devers, estas cifras reflejan el reforzamiento de los operativos, la cooperación internacional y el compromiso de la institución con seguir debilitando las estructuras del narcotráfico que intentan utilizar al país como puente para el tráfico de drogas.