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El Gobierno de Puerto Rico ha sido duramente criticado por partidos políticos y organizaciones legales tras revelarse que compartió con autoridades federales de inmigración la información personal de unos 6,000 extranjeros residentes en la isla con licencias de conducir provisionales.
Los datos fueron entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo que ha generado denuncias por violación a la privacidad, discriminación y colaboración con políticas migratorias consideradas abusivas.
El hecho fue confirmado por el subdirector del Departamento de Seguridad Nacional, Yariel Ramos, quien indicó que la administración de la gobernadora Jenniffer González facilitó la lista de migrantes sin estatus definido.
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó una moción legislativa para investigar el proceso de entrega de datos por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que administra las licencias especiales otorgadas a personas sin estatus migratorio regular.
La Ley 97-2013, que creó las licencias provisionales, establece el carácter confidencial de esa información. Sin embargo, representantes del PIP y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) acusan al gobierno de violar esa disposición.
Según la Oficina del Censo de EE. UU., en 2022 vivían cerca de 90,000 inmigrantes en Puerto Rico, más de la mitad de ellos dominicanos. Se estima que al menos 20,000 han obtenido este tipo de licencia de conducir.
Organizaciones como el Colegio de Abogados de Puerto Rico también han calificado la acción como una “violación al derecho a la privacidad” y “una afrenta” contra la comunidad migrante, señalando que los arrestos incluyen personas sin antecedentes penales.
Mientras tanto, las redadas migratorias continúan en la isla desde enero, provocando temor en comunidades de inmigrantes que han optado por dejar de asistir al trabajo o esconderse, según denuncian activistas locales.