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El Gobierno de España aprobó este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, tras un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque sin el respaldo de la patronal.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la medida como un paso hacia la modernización del país y destacó su impacto en la calidad de vida de los trabajadores. La reducción, que entrará en vigor en 2025, fue negociada durante once meses en el marco del diálogo social y ahora deberá someterse a tramitación parlamentaria.
Desde la oposición, el Partido Popular criticó la falta de consenso con la patronal, mientras que Vox calificó la iniciativa como un "capricho" de Díaz. En contraste, partidos como Compromís consideran la medida un avance histórico, y Sumar se muestra dispuesto a negociar con otras formaciones para garantizar su aprobación.
Además de la reducción de la jornada, el anteproyecto introduce cambios en el control horario, que deberá ser objetivo y accesible, y refuerza el derecho a la desconexión digital para evitar abusos relacionados con la videovigilancia y la geolocalización de los empleados.
Finalmente, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva normativa.