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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, rechazó este martes cualquier vínculo con un presunto esquema ilegal para obtener votos de personas privadas de libertad a cambio de drogas, como señala un reportaje del medio estadounidense ProPublica.
En declaraciones escritas, la mandataria calificó las acusaciones como falsas y difamatorias, asegurando que buscan dañar su imagen pública al atribuirle supuestas irregularidades del pasado cuatrienio. “Es un intento de desacreditarme y no lo van a lograr”, sostuvo.
El reportaje indica que miembros de una pandilla carcelaria conocida como “Los Tiburones” presuntamente intercambiaban sustancias ilícitas por votos de reclusos, supuestamente en favor de González Colón, quien es aliada política del presidente Donald Trump.
Según fuentes citadas en la investigación, autoridades federales habrían recopilado evidencias sobre un posible fraude electoral que involucraría tanto a internos como a personal penitenciario, aunque aún se analizaba si la gobernadora o su equipo tenían relación directa con estos hechos.
No obstante, el informe también señala que la pesquisa habría sido detenida tras las elecciones, lo que ha generado cuestionamientos. Frente a esto, González Colón reiteró que cualquier investigación, de existir, corresponde a periodos previos a su gestión.
La funcionaria defendió su trayectoria, afirmando que siempre ha promovido la transparencia y el respeto a los procesos democráticos. Además, reconoció que durante la campaña electoral de 2024 sostuvo encuentros con familiares de reclusos interesados en temas de rehabilitación, aclarando que estas reuniones formaron parte de su política de escuchar a distintos sectores.
Como argumento adicional, señaló que en las primarias de 2024 la población carcelaria votó mayoritariamente en su contra, favoreciendo al exgobernador Pedro Pierluisi.
Por otro lado, recordó que no accedió a solicitudes para mantener en el cargo a la entonces secretaria de Corrección, Ana Escobar. Asimismo, mencionó que en diciembre de 2024 un gran jurado federal presentó cargos contra 34 personas por delitos relacionados con narcotráfico en cárceles, incluyendo lavado de dinero y posesión de armas, aunque sin imputaciones específicas por compra de votos.