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Luis Fernando Giacometti, asesor técnico de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas (Adimar) y administradora de riesgo de Salud, planteó este lunes en El Sol de la Mañana la necesidad de detener la entrada en vigencia de la nueva modalidad de cápita diferenciada por edad y sexo en el sistema de seguridad social, al considerar que la medida es técnicamente incompleta y podría generar graves distorsiones en el mercado de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Giacometti explicó que la resolución 624-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, aprobada el 31 de octubre de 2025, introduce dos cambios: la indexación regular de la cápita por inflación y la modificación del esquema histórico de cápita nivelada hacia uno diferenciado por sexo y edad. Aunque reconoció que ambas variables inciden en el riesgo, sostuvo que no son las más determinantes para medir el consumo real de servicios de salud.
El especialista señaló que factores como el nivel socioeconómico, el estado de salud previo, el entorno geográfico y el nivel educativo influyen mucho más en la demanda de servicios médicos que la edad y el sexo por sí solos. Como ejemplo, comparó el estado de salud probable de dos adultos mayores con condiciones económicas muy distintas, afirmando que “no es lo mismo un envejeciente con altos ingresos que uno en condiciones de subsistencia”.
En ese sentido, Giacometti subrayó que Adimar no se opone a los ajustes de riesgo, pero sí exige que se realicen con una metodología integral, validada y aplicada de forma correcta, como se hace en otros países. Advirtió que la fórmula aprobada “banaliza” el cálculo del riesgo al basarse en solo dos variables que, según estudios internacionales, explican menos del 5 % del riesgo total de una población asegurada.
El asesor técnico alertó que la aplicación de la medida, prevista para el 1 de mayo, podría llevar a varias ARS tradicionales a una situación de iliquidez o incluso a causal de disolución en pocos meses, especialmente aquellas con carteras envejecidas. Indicó que esto provocaría la migración forzosa de afiliados y un impacto negativo directo en los usuarios del plan básico.
Giacometti también cuestionó la confiabilidad de la data utilizada para construir el modelo de cápita diferenciada, al señalar que cerca del 40 % del régimen contributivo pertenece a Senasa, institución actualmente bajo cuestionamientos. A su juicio, es imprescindible transparentar y revisar esos datos antes de tomar decisiones estructurales.
Finalmente, llamó a revisar la resolución con “cabeza fría” y a priorizar al afiliado por encima de intereses empresariales, insistiendo en que la seguridad social no debe convertirse en una disputa entre ARS, sino en un sistema que garantice estabilidad, equidad y protección real a los ciudadanos.