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El exdirector de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y actual secretario de Transporte de la Fuera del Pueblo, German Peña Guadalupe catalogó de inaudito algunas medidas de las que adoptará el Gobierno a partir de este lunes con “RD se mueve”, explicando que parte de las mismas tienen vicios de ilegales.
En ese sentido, consideró inexplicable que si la Ley 63-17 establece el giro a la izquierda, no es factible que se le pueda prohibir a un ciudadano que doble a la izquierda.
“El artículo 235 (Ley 63-17) dice que está permitido, y tiene como cuatro artículos subsiguientes que haba del giro a la izquierda y la forma en que debe hacerse. Entonces, ¿cómo esta gente van a prohibir eso? Es una aberración, se está violando la Ley”, dijo Peña Guadalupe, añadiendo que el Gobierno está acostumbrado a eso. “Si la Ley no prohíbe que se doble a la izquierda, ningún funcionario lo puede impedir”.
Explicó que solo en casos excepcionales, el agente policial o agente de la Digesett puede desviar el tránsito, si ahí hay un accidente, un derrumbe o un obstáculo.
Entiende que debieron cambiar la Ley o manejarse vía legal a través de la ejecución de un decreto.
El exfuncionario aseguró que las multas que colocarán a los conductores por el giro a la izquierda serán ilegales. "A los conductores que le pongan multas, como lo van a hacer, que no tengan miedo. Eso vasta con llevarla a un juez con la Ley y decirle que está permitido y el juez va a extinguir esa deuda".
Peña Guadalupe indicó este lunes que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) no tiene facultad para la construcción del Metro, debido a que fue derogada por la Ley 63-17.
“Resulta que la Opret legalmente no tiene derecho, no tiene facultad… De manera que las acciones legales, si se pudieran hacer, esas instituciones, sus Incumbentes estarían presos, porque están haciendo cosas fuera de la Ley”, dijo German Peña Guadalupe.
Explicó que solo se ha emitido el decreto que transformará la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (ONSA), sin embargo dijo que la Opret ha seguido funcionando sin decreto, algo que consideró ilegal.