La Fundación Vida Sin Violencia advirtió que al menos 93 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos durante 2025 como consecuencia de 59 feminicidios íntimos ocurridos en el país, una situación que calificó como una deuda urgente del Estado en materia de protección social y derechos humanos.
La presidenta de la entidad, Yanira Fondeur, explicó que, aunque las estadísticas oficiales reflejan una disminución de un 17 % en los feminicidios en comparación con 2024, esa reducción no puede interpretarse como una solución al problema, ya que persisten numerosos intentos de feminicidio que no llegaron a consumarse, lo que evidencia la gravedad de la violencia machista.
Durante una rueda de prensa, Fondeur subrayó que no se trata solo de contar víctimas, sino de visibilizar una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres y el impacto directo que estos crímenes dejan en la niñez. Indicó que los hijos e hijas de las víctimas viven en condiciones de alta vulnerabilidad y deben ser incluidos de manera prioritaria en los programas del Ministerio de la Mujer y del CONANI.

El informe presentado revela que 44 de los feminicidios se produjeron dentro de las viviendas de las víctimas, confirmando que el hogar continúa siendo el espacio más peligroso para las mujeres que deciden separarse de sus parejas. Además, más de la mitad de las víctimas tenía menos de 35 años y se registraron casos de extrema crueldad, incluyendo violencia vicaria.
La fundación también alertó sobre el uso de armas de fuego y armas blancas en igual proporción, así como la participación de miembros activos o retirados de las fuerzas del orden en varios de los casos, lo que, a juicio de Fondeur, obliga a reforzar las evaluaciones psicológicas periódicas y los controles institucionales.
Finalmente, la organización hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas y a actuar antes de que ocurran las tragedias, insistiendo en la necesidad de mejorar el registro de feminicidios, educar en convivencia pacífica desde la infancia, garantizar justicia oportuna y diseñar un Protocolo Nacional de Alto Riesgo que permita prevenir y neutralizar situaciones de violencia de forma eficaz.