La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que las distintas formas de corrupción serán sancionadas con mayor rigor una vez entren en vigencia la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y la reforma del Código Penal.
Explicó que, las empresas que sean investigadas por corrupción serán inhabilitadas y no podrán participar en licitaciones ni hacer contratos con el Estado dominicano y sus representantes serán inhabilitados para realizar una función pública por cinco años.
Además, aseguró que, una empresa que cometa un acto de corrupción será cerrada de manera temporal y, si se puede probar, se realizará la disolución de la empresa.
La magistrada fue categórica al abordar el tema, al señalar que la corrupción desvía recursos que deberían destinarse a sectores clave como salud, educación y seguridad, afectando directamente a la ciudadanía. Enfatizó que, en estos casos, la sociedad es siempre la principal víctima.
Además, destacó que las nuevas normativas también contemplan sanciones para los servidores públicos que incumplan con sus deberes o actúen al margen de los principios éticos que rigen la función pública.
“La honestidad, transparencia y eficiencia no son valores agregados de un servidor público, son intrínsecos a la labor de un funcionario”, resaltó.
Explicó que cualquier acción dolosa que perjudique el patrimonio del Estado constituye un acto de corrupción, y que este no requiere estar tipificado de forma específica para ser sancionado. Señaló que, al igual que ocurre con la ley de lavado de activos, puede ser penalizado como un tipo penal autónomo.
“Es importante que la sociedad entienda que el patrimonio público no es del Gobierno, es de la sociedad, y es nuestra obligación protegerlo”, manifestó durante una conferencia sobre el nuevo Código Penal en la Dirección General de Aduanas.
La magistrada informó que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental desarrolla una campaña que permite a la ciudadanía presentar denuncias de corrupción, ya sean anónimas o identificadas, y aseguró que el Ministerio Público respalda completamente esta iniciativa.
Explicó que dichas denuncias serán canalizadas por medios digitales y llegarán directamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), desde donde se iniciarán los procesos de investigación correspondientes.
Asimismo, destacó que con la entrada en vigor de la reforma al Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la República Dominicana reconocerá, por primera vez, la corrupción como un delito autónomo, lo cual representa un avance significativo en el combate contra este flagelo.