
El partido Frente Amplio (FA) reclamó la judicialización inmediata y la aplicación de sanciones ejemplares contra los responsables de los presuntos actos de corrupción detectados en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), señalando la participación de funcionarios de la entidad en complicidad con sectores empresariales privados, bajo posibles esquemas ligados a alianzas público-privadas.
La organización manifestó su preocupación por el hecho de que, a pesar del tiempo transcurrido desde que salieron a la luz las denuncias, no se haya iniciado ningún proceso judicial, mientras —según afirmó— continúan aplicándose restricciones a los servicios de los afiliados, aun cuando SeNaSa recibe mayores recursos por el aumento de la cápita y otros ajustes financieros.
“El caso de SeNaSa refleja una lógica de saqueo que desvía recursos destinados a garantizar derechos fundamentales hacia redes enquistadas en el Estado y conectadas con intereses empresariales”, sostuvo la entidad política en un comunicado.
Entre las supuestas irregularidades señaladas figuran el traspaso de fondos públicos al sector privado mediante los llamados “puntos médicos”, donde se habría pasado de pagar RD$20 a centros públicos a RD$130 a prestadores privados, lo que generaría desembolsos mensuales entre RD$65 y RD$104 millones. Asimismo, denunciaron el pago de más de RD$4,000 millones por medicamentos a un proveedor no habilitado y la ejecución de un programa de nutrición para adultos mayores por un monto estimado entre RD$4,000 y RD$6,000 millones, sin que exista claridad sobre los beneficiarios reales.
También se menciona el presunto desvío de fondos a través de contabilidad paralela, manipulación de informes, sobornos para agilizar pagos a prestadores, así como doble facturación y facturación irregular, principalmente de proveedores privados.
El Frente Amplio denunció además que algunos de los funcionarios implicados no solo no han sido llevados ante la justicia, sino que han sido trasladados a otros cargos, incluso en el exterior, lo que —según la entidad— alimenta la percepción de protección política.
Finalmente, la organización convocó a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a movilizarse para exigir el fin de estas prácticas, así como un gobierno comprometido con la transparencia, la justicia y el bienestar del pueblo dominicano.