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El abogado y dirigente político Francisco Guillén consideró poco probable que el Ministerio Público aplique un criterio de oportunidad en el caso del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), debido a la magnitud del fraude y al nivel de presión social que rodea el proceso.
Guillén ofreció estas consideraciones durante su participación en el programa Juego de Damas, que se transmite por La Bakana 105.7 FM. Señaló que, aunque el criterio de oportunidad y la delación premiada generan cuestionamientos de carácter moral, ambos mecanismos son legales y están contemplados en el Código Procesal Penal.
Explicó que el Ministerio Público ha utilizado estos recursos en distintos casos penales para definir a quiénes imputar, cuántos imputados incluir y bajo qué criterios, como parte de su estrategia de persecución penal. No obstante, insistió en que se trata de uno de los temas más debatidos y cuestionados del Derecho Procesal Penal en la República Dominicana.
Guillén sostuvo que resulta cuestionable que funcionarios involucrados en un fraude “tan asombroso y tan grande” enfrenten prisión preventiva, mientras empresarios vinculados al entramado puedan permanecer en libertad por estar colaborando con la investigación.
Indicó que, aunque el bien jurídico protegido —la salud, el erario y los recursos públicos— fue vulnerado tanto por funcionarios como por empresarios, el Ministerio Público ha optado por solicitar medidas de coerción menos gravosas para algunos imputados colaboradores. Aclaró que esto no implica necesariamente la aplicación formal de un criterio de oportunidad.
Afirmó que el caso SeNaSa es de alta gravedad y ha captado la atención de la sociedad dominicana, lo que dificulta que el Ministerio Público “se meta en una camisa de once varas” otorgando beneficios procesales, en un contexto donde las protestas se han dirigido directamente al Palacio de Justicia y a la Procuraduría General de la República.
Por el caso, el juez Rigoberto Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otros seis imputados. A Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella se les dictó arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
