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El titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo, Héctor Acosta, aseguró que el sector agropecuario atraviesa uno de sus momentos más críticos y afirmó que el año 2025 fue “el peor de la historia” para la producción nacional.
Durante una entrevista en El Sol de la Mañana, Acosta sostuvo que la situación ha perjudicado tanto a los productores como a los consumidores, al impactar directamente la disponibilidad y el costo de los alimentos. Señaló que las evaluaciones realizadas por su organización apuntan a un deterioro sostenido del sector en los últimos años.
Entre los principales factores, citó el aumento de las importaciones agropecuarias, especialmente cuando se realizan en plena cosecha o en rubros donde el país es autosuficiente, lo que —según explicó— provoca pérdidas directas a los productores nacionales. También denunció el debilitamiento de los servicios de extensión y capacitación del Ministerio de Agricultura, tras la cancelación de técnicos especializados.
Acosta advirtió que los programas sanitarios y los controles cuarentenarios en puertos, aeropuertos y fronteras “prácticamente se han caído”, lo que ha derivado en rechazos de productos dominicanos en mercados como Estados Unidos y Europa. A esto se suma, dijo, la falta de apoyo efectivo tras fenómenos naturales, con productores de arroz, café, plátano y otros rubros aún esperando las ayudas anunciadas por el Gobierno.
En relación con el Banco Agrícola, cuestionó que los recursos inyectados no estén llegando mayoritariamente a pequeños y medianos productores, como ha sido su función histórica, sino a grandes empresarios e incluso a personas sin vinculación directa con la producción. Añadió que existen versiones sobre un aumento de la morosidad crediticia.
Finalmente, denunció atrasos millonarios del Estado con distintos sectores productivos —como cebolla, avicultura, ajo, papa y arroz— y alertó sobre la situación financiera de la aseguradora estatal Agrodosa, que, según dijo, mantiene un déficit superior a los mil millones de pesos, lo que ha impedido el pago de indemnizaciones a pequeños productores afectados por pérdidas.