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El presidente de la Fundación Foro Cívico y Social y del Frente Cívico y Social, Dr. Isaías Ramos, alertó sobre posibles riesgos de nulidad y judicialización de las elecciones de 2028 si la Junta Central Electoral (JCE) no ejecuta de manera efectiva la sentencia TC/0788/24. Según Ramos, la omisión de la JCE podría derivar en una crisis de gobernabilidad y afectar la legitimidad del proceso electoral.
Ramos enfatizó que la Constitución dominicana no permite pausas ni conveniencias políticas frente a decisiones del Tribunal Constitucional, las cuales son definitivas y vinculantes para todos los órganos del Estado, conforme al artículo 184 de la Carta Magna. “El artículo 6 es claro: todo acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Cuando el Tribunal Constitucional fija un estándar, el Estado no lo debate: lo ejecuta”, afirmó.
El dirigente explicó que la sentencia TC/0788/24 no es una recomendación, sino un mandato obligatorio que declara inconstitucional un régimen que hacía inviable la figura de candidaturas independientes, estableciendo parámetros para una regulación compatible con la Constitución.
Ramos criticó la idea de que la JCE deba “esperar al Congreso” para actuar, considerando este argumento jurídicamente frágil y políticamente riesgoso. Destacó que la omisión legislativa no suspende la Constitución ni puede vetar los derechos políticos de la ciudadanía.
El dirigente recordó que la JCE tiene facultad constitucional para organizar y supervisar los procesos electorales, y puede establecer procedimientos claros y razonables que permitan la participación ciudadana sin sustituir al Congreso.
Finalmente, Ramos instó a la JCE a adoptar un reglamento transitorio con plazos definidos, procedimientos claros y garantías de debido proceso, advirtiendo que no cumplir con el precedente constitucional puede generar impugnaciones, nulidades y conflictos que afecten actos esenciales como la inscripción de candidaturas y la conformación de boletas. “Cumplir la Constitución fortalece el sistema electoral y protege la democracia. Dilatar o negar ese cumplimiento abre la puerta a una crisis que el país no necesita”, concluyó.