Las autoridades de Florida acusaron este lunes al presunto responsable del asesinato de dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) de haber utilizado ChatGPT para buscar orientación sobre cómo deshacerse de los cuerpos, por lo que también se amplió la investigación hacia la empresa tecnológica OpenAI.
Documentos judiciales indican que el detenido, Hisham Abugharbieh, de 26 años, habría consultado a la inteligencia artificial sobre métodos para eliminar los restos de Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años y originarios de Bangladesh, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de abril en Tampa.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que este caso será incorporado a una investigación penal abierta la semana anterior contra OpenAI y su herramienta ChatGPT, tras alegaciones de que la plataforma habría brindado orientación en otro ataque armado ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida (FSU).
Uthmeier señaló que la pesquisa se amplía luego de conocerse que el principal sospechoso del doble homicidio habría utilizado la herramienta de inteligencia artificial en el proceso.
Los hallazgos relacionados con el uso de IA han generado mayor controversia en el caso de USF, donde Abugharbieh está acusado de asesinar a su compañero de cuarto y a la pareja de este.
Las autoridades localizaron restos de una de las víctimas en bolsas de basura en un puente que conecta Tampa con St. Petersburg, mientras continúan las labores para confirmar la identidad de otros restos humanos hallados posteriormente.
Antes de los hechos, el acusado habría realizado consultas a ChatGPT sobre cómo desechar un cuerpo, ocultar un arma sin registro y alterar la identificación de un vehículo.
Abugharbieh, quien ya no era estudiante activo de la USF, enfrenta múltiples cargos, entre ellos asesinato premeditado, manipulación de evidencia y traslado de cadáveres, según las autoridades del condado de Hillsborough.
El caso se investiga además bajo una normativa estatal que contempla responsabilidad penal para quienes inciten o asesoren la comisión de delitos, lo que ha motivado la investigación sobre el rol de la empresa tecnológica.