Un fiscal independiente solicitó una pena de 10 años de prisión para el destituido expresidente Yoon Suk Yeol, en el primero de siete juicios relacionados con su intento de imponer la ley marcial en 2024 y otras acusaciones surgidas durante su mandato.
Este primer caso abarca cargos que incluyen la obstrucción a investigaciones oficiales y la resistencia a la detención. Yoon rechaza todas las acusaciones, y sus abogados argumentan que la orden de arresto era inválida e ilegal. El tribunal podría emitir un veredicto ya a partir del próximo mes.
Además, Yoon enfrenta otros juicios por corrupción, tráfico de influencias y rebelión, un cargo que puede acarrear cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
La imposición de la ley marcial por Yoon provocó que soldados armados patrullaran las calles de Seúl, desencadenando la peor crisis política del país en décadas. La medida duró apenas unas horas, hasta que los legisladores lograron ingresar a la Asamblea Nacional y levantar el decreto.
Tras estos eventos, Yoon fue sometido a un juicio político en diciembre de 2024 y destituido formalmente por un fallo del Tribunal Constitucional en abril.
El equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk solicitó que Yoon sea condenado por obstrucción de funciones oficiales, abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y destrucción de evidencias. Durante semanas, Yoon se atrincheró en su residencia, dificultando los intentos de detención y generando temores sobre posibles enfrentamientos entre su servicio de seguridad y las autoridades.