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El Ministerio Público afirmó que los imputados en el caso de presunto desfalco del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) justificaban el cobro de sobornos bajo el argumento de supuestas recaudaciones políticas. Según la acusación, esos fondos eran utilizados para beneficio personal, incluyendo la compra de propiedades y la realización de inversiones mediante empresas de carpeta.
En una nota de prensa difundida tras concluir la presentación de réplicas en la audiencia de medidas de coerción, el órgano acusador explicó que las investigaciones revelan que algunos imputados captaban recursos ilícitos alegando fines políticos.
Sin embargo, esos fondos eran destinados a la adquisición de bienes, la creación de empresas para administrar propiedades y otras inversiones que actualmente están bajo investigación.
El Ministerio Público sostiene que esta práctica formaba parte del esquema utilizado para desviar recursos vinculados al sistema de salud.
La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra diez imputados, entre ellos Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, así como Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que el proceso no ha concluido y que el número de imputados aumentará.
“Lo que sí damos certeza es que habrá más personas imputadas porque ya los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas”, afirmó.
Reynoso indicó que hay médicos y otros profesionales de la salud bajo investigación, así como múltiples centros de salud. “No es que serán investigados, es que ya llevamos un tiempo investigando”, precisó.
La procuradora explicó que, debido a la magnitud del expediente, el Ministerio Público optó por dividir el caso en procesos separados para facilitar su conocimiento en los tribunales.
Finalmente, subrayó que “todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tiene que responder ante la justicia. Este es un caso de altísima prioridad”, y aseguró que se trabajará para lograr sanciones penales y la restitución de cada peso al Estado.