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La Fiscalía General de la República (FGR) modificó la acusación contra la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, quien inicialmente fue señalada por peculado y ahora enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito.
«Este día se lleva a cabo audiencia inicial en contra de Ruth Eleonora López Alfaro, acusada de enriquecimiento ilícito. La audiencia se realiza en el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, la FGR solicita a la sede judicial que el caso pase a la siguiente etapa procesal», indicó este miércoles en X la institución.
Este cambio de cargo había sido reportado únicamente en medios de comunicación locales, pero la defensa de López no pudo confirmar ni desmentir la información debido a que el juzgado impuso secreto al proceso penal.
La organización humanitaria Cristosal, de la cual López es jefa del área Anticorrupción, expresó en la misma red social que “el cambio de delito imputado a Ruth no evidencia una investigación seria, sino una estrategia para criminalizarla por su labor como defensora de derechos humanos”.
El traslado de López al Centro Judicial Isidro Meléndez en San Salvador se realizó con más de dos horas de retraso, impidiendo el inicio de la audiencia programada para las 10:00 hora local (16:00 GMT).
«No me van a callar. Un juicio público quiero, que me concedan un juicio público quiero, la gente merece saber. El que nada debe, nada teme», gritó López al momento de ser trasladada por varios agentes de la Policía ante decenas de periodistas.
La organización Robert F. Kennedy Human Rights exigió este miércoles en X la liberación “inmediata e incondicional” de López, y señaló que “la comunidad internacional debe demandar al Gobierno salvadoreño que respete los derechos humanos y garantice la justicia”.
La acusación formal contra la abogada fue presentada la noche del 2 de junio, más de 15 días después de su detención, en un ambiente de hermetismo y tras la exclusión de la prensa del lugar, según reportes de medios locales.
La detención de López, quien ha participado en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno desde Cristosal y es una de las principales voces críticas del presidente Nayib Bukele, desató una ola de rechazo y condenas, así como exigencias nacionales e internacionales para su pronta liberación y el respeto a su integridad.
Este caso y la detención de otros defensores de derechos humanos han generado la preocupación de organizaciones locales e internacionales, que advierten de «una escalada autoritaria» por parte del presidente Bukele. EFE