La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó su preocupación por lo que considera una creciente estructura informal de difamación y extorsión mediática, amparada en el uso de plataformas digitales, sin controles editoriales ni compromiso con la veracidad.
En el comunicado, Ramos habla en un momento a nombre de la Procuraduría General de la República, cuando dice:
""Desde esta Procuraduría General de la República decimos con claridad: esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción. Vamos a actuar, dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas", Rosalba RamosFiscal del Distrito Nacional“
La fiscal se dirigió formalmente en el espacio pagado difundido en el periódico El Nuevo Diario.
En ese documento declaró que el Ministerio Público ha identificado un patrón de conducta que configura posibles esquemas de chantaje sistemático, así como el uso de plataformas mediáticas como mecanismo de presión ilegítima.
"El Ministerio Público no permanecerá indiferente", escribió Ramos. "Nuestro rol no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas, y las palabras en mecanismos de coerción, el Estado debe responder. Y así lo haremos".
En el comunicado, la fiscal pidió a los gremios de comunicación y a la ciudadanía contribuir a restaurar la ética en el debate público y evitar la conversión del ejercicio periodístico en instrumento de extorsión o descrédito.
La fiscal citó en el documento un total de cinco personas que supuestamente están siendo investigadas por formar parte de un supuesto esquema de extorsión y chantaje. Pero, no citó a Aquiles Jiménez, contra quien han presentado 14 querellas desde el 2021 hasta la fecha, la última de estas fue presentada por Plaza Lama.
También explicó que hay procesos en distintas jurisdicciones (Santiago, Mao, Distrito Nacional), y que, aunque no existe cúmulo de penas en el país, los jueces de ejecución coordinarán el cómputo en caso de condenas múltiples. "Lo que sí es diferente es la parte económica. Si un juez falla por una demanda de cinco millones en Santiago y otro de diez millones en el Distrito, esos montos van dirigidos a cada víctima en particular", explicó.
Ramos concluyó que ya han empezado a actuar y que continuarán haciéndolo, "dentro del marco de la ley". Afirmó que los casos seguirán procesándose con base en pruebas, que las audiencias de conciliación se mantendrán como procedimiento previo, y que el Ministerio Público no tolerará el uso de las redes como instrumento de coerción o ataque ilegítimo.
"Esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción", reiteró la fiscal.
La funcionaria, con más de dos décadas en el servicio público, denunció que estos patrones de actuación no solo afectan a figuras públicas, sino que están generando un impacto emocional y familiar profundo en las personas señaladas en estas campañas. Según dijo, esta situación está disuadiendo a profesionales honestos de asumir cargos públicos por temor a ser blanco de ataques sistemáticos y no fundamentados.
"Hay muchas personas serias que no quieren ocupar un puesto público por este tipo de campañas. No se está cuestionando la capacidad, se están yendo a lo personal", afirmó Ramos en una entrevista concedida a un medio nacional.
Durante su intervención, Ramos sostuvo que el fenómeno va más allá del plano legal. Advirtió que, si bien la mayoría de los afectados intenta defenderse a través de querellas o comunicados, el daño emocional, la presión social y el impacto sobre las familias son más graves y persistentes.
"Nos gusta hablar mucho ahora de salud mental. Pues aquí hay personas con hijos, con padres, que sufren sin tener que ver con lo que se está diciendo", comentó. Citó, como ejemplo, casos rec