La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió que el nuevo Código Penal Dominicano (Ley 74-25) marca un cambio de paradigma al establecer responsabilidad penal directa para las empresas que provoquen daños al medio ambiente, al tiempo que impone multas millonarias, clausura de operaciones e incluso prisión para sus responsables.
Durante su ponencia titulada “Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial ante la Ley 74-25 del Código Penal Dominicano”, impartida este jueves en un hotel de la capital, Ramos subrayó que la protección del medio ambiente es ahora un deber ético, social y económico de primera necesidad.
“Garantizar un medio ambiente sano no es solo una cuestión administrativa o de buena voluntad; ahora es también una responsabilidad penal. El ciudadano y las empresas tienen la obligación de prevenir, reparar y evitar daños al entorno”, enfatizó.
La magistrada explicó que el nuevo marco jurídico coloca la sostenibilidad y la diligencia penal ambiental en el centro de la gestión empresarial, obligando a las compañías a asumir un compromiso activo con la preservación de los recursos naturales.

Ramos recordó que la legislación dominicana ya contempla sanciones por daños ambientales a través de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero destacó que el nuevo Código Penal fortalece la persecución penal de estos delitos, estableciendo consecuencias más severas y directas para las personas físicas y jurídicas involucradas.
“El nuevo Código Penal nos da herramientas para proteger los recursos de la nación y perseguir penalmente a quienes los destruyen. Las empresas deben entender que el cumplimiento ambiental ya no es opcional ni un mero requisito burocrático; es un mandato legal”, puntualizó.
La fiscal advirtió que las compañías que mantengan una actitud negligente o reactiva frente al cumplimiento ambiental podrían enfrentar procesos judiciales por falta de prevención, gestión deficiente de residuos, contaminación o uso indebido de recursos naturales.
Asimismo, instó al sector empresarial a institucionalizar políticas de cumplimiento ambiental, con sistemas de monitoreo, trazabilidad de residuos y planes de respuesta ante emergencias, como parte de una cultura de sostenibilidad.
“Cada empresa debe asumir que proteger el medio ambiente es parte esencial de su misión. Quien actúe con responsabilidad será parte de la solución; quien ignore la ley, enfrentará las consecuencias”, concluyó Ramos.