El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, presentó una serie de observaciones y propuestas de modificación al proyecto de ley sobre integridad, control del financiamiento político y prevención del uso de recursos ilícitos en la política, el cual es analizado por una comisión especial del Senado.
Castaños Guzmán sostuvo que las sanciones contempladas en la iniciativa deben ser lo suficientemente fuertes para disuadir conductas irregulares, incluyendo la pérdida de candidaturas, nulidad de elecciones, responsabilidad penal individual e inhabilitación para aspirar a cargos públicos en el futuro.
En un documento dirigido al senador Pedro Catrain, presidente de la comisión, la Finjus advirtió que una normativa débil frente al financiamiento ilícito podría afectar la transparencia y facilitar la penetración de estructuras criminales en el sistema político, debilitando la democracia y la confianza ciudadana.
La entidad afirmó que aprobar una legislación robusta, con controles preventivos estrictos, mecanismos de fiscalización eficientes y sanciones efectivas, constituye una responsabilidad urgente para proteger el sistema democrático y el Estado de derecho.
Entre sus propuestas, la Finjus plantea exigir como requisito para aspirar a cargos electivos la presentación de una declaración jurada de patrimonio correspondiente a los tres años previos a la candidatura, o una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento fiscal del aspirante.
También recomienda que los partidos políticos asuman un rol activo en la verificación de antecedentes de sus candidatos, donantes y colaboradores financieros, mediante procesos de debida diligencia que incluyan revisión de antecedentes penales, casos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.
Asimismo, sugiere la creación o fortalecimiento de una unidad técnica especializada en la fiscalización del financiamiento político, con autonomía funcional y capacidad de investigación patrimonial, que trabaje de forma coordinada con organismos electorales, financieros, tributarios y penales.
El proyecto de ley fue elaborado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sometido al Senado por el bloque oficialista.