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La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó ante la Cámara de Diputados un documento con 14 observaciones consideradas críticas para corregir el proyecto de Ley Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al advertir que la normativa, tal como está planteada, podría vulnerar derechos fundamentales.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que el proyecto debe alejarse de cualquier “rastro autoritario” y eliminar ambigüedades que puedan afectar la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos constitucionales, al ofrecer declaraciones a la prensa durante la entrega formal del documento.
Castaños Guzmán explicó que una de las principales preocupaciones de la entidad es el alcance de las facultades otorgadas al DNI, en especial en lo relativo a la recolección de datos personales. En ese sentido, FINJUS exigió que cualquier solicitud de información a entidades privadas, financieras o de telecomunicaciones sea casuística y cuente con autorización judicial previa.
La fundación rechazó el acceso “indiscriminado” a información financiera y propuso que el organismo de inteligencia no solo rinda cuentas al Poder Ejecutivo, sino que también esté sujeto a la fiscalización de una comisión bicameral del Congreso, como mecanismo de control democrático y garantía del respeto a los derechos humanos.
En el plano administrativo, FINJUS se opuso a que el DNI quede totalmente exento de la Ley de Compras y Contrataciones, sugiriendo que las excepciones solo se apliquen a asuntos estrictamente vinculados a la seguridad nacional.
Castaños Guzmán subrayó además la necesidad de proteger el secreto profesional y las fuentes periodísticas, advirtiendo que la ley no puede desconocer el marco vigente de protección de datos personales ni afectar el ejercicio del periodismo.
Asimismo, la entidad alertó sobre una posible invasión de funciones del Ministerio Público. Propuso que el proyecto obligue al DNI a remitir de inmediato a la Procuraduría General de la República cualquier hallazgo de hechos con indicios penales y que se establezca un régimen de responsabilidad penal para los agentes que actúen fuera del marco legal.
Entre las observaciones destacadas por la fundación se encuentran:
FINJUS concluyó que el sistema de inteligencia debe funcionar como un mecanismo de respuesta ante amenazas reales, sin convertirse en una herramienta que comprometa las libertades públicas ni el Estado de derecho.