x
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, remitió observaciones al proyecto de ley sobre integridad y control de recursos vinculados a actividades ilícitas en la política, en estudio en el Congreso Nacional.
La comunicación fue dirigida al senador Pedro Manuel Catrain Bonilla, quien preside la comisión especial que analiza la iniciativa, con propuestas orientadas a fortalecer los mecanismos de supervisión del financiamiento político.
Entre las principales recomendaciones, el documento plantea que los aspirantes a cargos de elección popular deban presentar una declaración jurada de patrimonio correspondiente a los últimos tres años ante la Dirección General de Impuestos Internos, así como actualizarla durante el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, sugiere que los partidos políticos implementen mecanismos obligatorios de debida diligencia para verificar los antecedentes de candidatos, donantes y financistas, incluyendo procesos relacionados con corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado, además de validar el origen de los fondos.
Entre las propuestas planteadas se incluyen:
El planteamiento también contempla la creación o fortalecimiento de una unidad técnica especializada en la fiscalización del financiamiento político, con autonomía funcional y coordinación con entidades del ámbito electoral, financiero, tributario y penal.
El documento propone, además, la implementación de un registro público, digital y actualizado de aportes y donaciones, que permita identificar el monto, origen, fecha y destino de los recursos, así como limitar el uso de efectivo en estas operaciones.
En materia sancionadora, se plantean medidas como la pérdida de candidatura, nulidad de elección, suspensión de financiamiento público, inhabilitación y responsabilidad penal en los casos correspondientes.
Según la comunicación, estas propuestas buscan reforzar los controles y prevenir la incorporación de recursos de origen ilícito en los procesos electorales.
La comisión legislativa continúa el estudio del proyecto de ley, que forma parte de las iniciativas dirigidas a regular el financiamiento y la participación en la actividad política en el país.