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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó este martes al Congreso Nacional a garantizar la participación de todos los sectores sociales en el proceso de discusión de la reforma al Código Procesal Penal (CPP), advirtiendo que la legitimidad de la norma dependerá no solo de su técnica jurídica, sino del grado de consenso social que la respalde.
En un comunicado, Finjus insistió en que el debate no debe limitarse a un trámite legislativo acelerado, sino convertirse en un proceso plural e inclusivo que involucre al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, universidades, gremios profesionales, asociaciones empresariales, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil.
Finjus recordó que la sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional por vicios de forma la Ley 10-15 —reformatoria del CPP—, reabrió el debate sobre la estructura del sistema penal dominicano y ofrece una “oportunidad institucional sin precedentes” para repensarlo colectivamente.
La organización planteó que el nuevo Código debe buscar equilibrio y proporcionalidad, evitando favorecer de manera desproporcionada a un solo sector. Asimismo, propuso fortalecer temas como el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la protección de víctimas y testigos, y la razonabilidad de las medidas de coerción.
Finjus afirmó que el CPP es “la columna vertebral del sistema penal dominicano” y que su correcta aplicación incide directamente en la confianza ciudadana hacia las instituciones judiciales.