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El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que la nueva Ley de Contrataciones Públicas representa un paso estructural importante hacia una gestión estatal más transparente, eficiente y apegada a la legalidad en el uso de los fondos públicos.
Castaños explicó que la contratación pública impacta directamente sectores como salud, educación, infraestructura y energía, por lo que una ley actualizada era esencial para mejorar la inversión estatal.
Sostuvo que la anterior Ley 340-06, en vigencia por más de 18 años, presentaba vacíos como el fraccionamiento de contratos, falta de controles efectivos y un órgano rector sin autonomía. “Este nuevo marco legal corrige esas debilidades”, expresó.
Entre los puntos más destacados de la nueva ley, Castaños mencionó la eliminación del fraccionamiento de contratos, reglas claras para casos de emergencia y un mayor fortalecimiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que ahora tendrá más herramientas técnicas y de supervisión.
Además, resaltó la inclusión de mecanismos para la participación ciudadana, publicidad obligatoria de los procesos y acceso a la información.
La normativa también establece una cuota del 30 % del presupuesto para las MIPYMES, con un 10 % destinado a empresas dirigidas por mujeres, lo que, según Finjus, impulsará la equidad y el desarrollo económico local.
“Este es un cambio estratégico para construir un Estado más eficiente, íntegro y orientado al desarrollo”, afirmó Castaños Guzmán. Finjus recordó que durante más de una década promovió esta reforma mediante análisis, propuestas y espacios de diálogo. Para la institución, esta ley marca un antes y un después en la forma en que el Estado contrata bienes y servicios.