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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) comunicó su respaldo al proyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, que cursa su estudio en el Senado de la República.
De acuerdo a Finjus el proyecto representa "un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna" que fortalece la democracia y el Estado de derecho en la República Dominicana.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, afirmó que el proyecto, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, está alineado con la realidad nacional y responde a las nuevas dinámicas comunicacionales, especialmente en el ámbito digital.
La Finjus destaca a través de un comunicado la precisión terminológica, el equilibrio entre derechos fundamentales y la inclusión de principios como la diversidad mediática y el debido proceso.
Además, Cataño Guzmán, resalta que el proyecto reconoce que explícitamente que la libertad de expresión no es absoluta y debe ejercerse en armonía con derechos como el honor, la intimidad y la moral.
Plataformas digitales
La iniciativa establece un marco de responsabilidades para plataformas digitales, regula la protección de datos personales y propone medidas frente a la desinformación, sin comprometer la pluralidad de voces.
También introduce mecanismos novedosos como la desindexación de contenidos en buscadores, mediante orden judicial y bajo criterios objetivos, en casos donde se compruebe un daño significativo.
Finjus también resaltó la atención especial que la ley otorga a la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, así como el régimen proporcional de consecuencias frente a infracciones como la injuria, la difamación y los discursos de odio.
La propuesta legislativa contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), adscrito al Ministerio de Cultura, que asumiría las funciones de la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Esta nueva institución tendría el mandato de velar por el ejercicio pleno de la libertad de expresión, supervisar a los prestadores de servicios de comunicación y garantizar una programación diversa y plural.