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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) remitió a la Cámara de Diputados una propuesta de modificaciones al proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al advertir la existencia de vacíos legales y riesgos para los derechos fundamentales. La organización identificó 14 observaciones a la iniciativa, aprobada en primera lectura, y pidió que se precise de forma expresa la función del nuevo organismo de seguridad.
En el documento enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Finjus subrayó la necesidad de garantizar el debido proceso y la razonabilidad en la normativa, para evitar que se vulneren libertades individuales. Señaló que la ley debe establecer con claridad los requisitos y procedimientos para la solicitud y manejo de información, así como la obligación de contar con autorización judicial en los casos que impliquen recolección de datos, especialmente de personas y entidades privadas.
La entidad también advirtió sobre los riesgos en la protección de la información sensible que manejan las empresas de telecomunicaciones y alertó que la DNI no puede atribuirse control sobre esos datos. Además, cuestionó el acceso amplio a la Unidad de Análisis Financiero, al considerar que la propuesta actual otorga facultades desproporcionadas y sin suficientes controles.
Finjus planteó la necesidad de un régimen claro de responsabilidades, sanciones administrativas y penales, así como de un órgano independiente que supervise las actuaciones de la DNI. A su juicio, limitar la rendición de cuentas únicamente al presidente de la República podría afectar la fiscalización legislativa prevista en la Constitución.
También llamó a regular los requisitos de ingreso y designación de las autoridades de la DNI, y criticó la exención total de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, al entender que debe restringirse solo a asuntos estrictamente de seguridad.
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