FINJUS alerta sobre vacíos legales y riesgos constitucionales en la Ley de la DNI

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó un amplio conjunto de observaciones al Proyecto de Ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), advirtiendo sobre serios vacíos legales, riesgos a derechos fundamentales y debilidades en los mecanismos de control institucional establecidos en la Ley 1-24, recientemente promulgada.

FINJUS señala que el marco legal vigente contiene disposiciones ambiguas que podrían afectar derechos esenciales como la libertad de expresión, la privacidad, el honor y el debido proceso. Según el análisis, la recolección, uso y almacenamiento de información carecen de procedimientos claramente definidos, así como de autorizaciones judiciales suficientes y mecanismos de notificación a las personas afectadas.

Las advertencias

La entidad advierte que estas omisiones podrían dar paso a actuaciones secretas del órgano de inteligencia sin un control efectivo, lo que resulta incompatible con los principios de un Estado democrático de derecho.

• Asimismo, el documento técnico identifica conflictos entre la Ley 1-24 y normativas ya vigentes, incluyendo la Ley Orgánica del Ministerio Público, las disposiciones sobre archivos públicos y el régimen de compras y contrataciones del Estado. FINJUS también resalta la inexistencia de un régimen disciplinario interno, así como de responsabilidades administrativas y penales claramente establecidas para el personal de la DNI.

• Otro de los puntos críticos señalados es la debilidad del sistema de rendición de cuentas, ya que la supervisión se concentra exclusivamente en el Poder Ejecutivo, sin un esquema sólido de fiscalización legislativa ni controles parlamentarios independientes.