Finjus advierte fusión Minerd-Mescyt requiere una reconfiguración integral del sistema educativo

La entidad apunta que la fusión ministerial podría traer incertidumbre jurídica y financiera, y resaltó que es esencial un proceso participativo y respetar el marco legal vigente para cualquier reforma estructural.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) advirtió que una eventual fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) debe concebirse como una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Educación, debido a la complejidad institucional y legal que implica regular un derecho fundamental como la educación.

En un comunicado, la entidad señaló que modificar el régimen institucional que regula la educación dominicana es un ejercicio particularmente delicado, ya que involucra la garantía del derecho a la educación establecido en la Ley 66-97, que define este derecho como permanente e irrenunciable.

En ese sentido, sostuvo que una reforma de esta magnitud requiere consenso nacional, sustentado en evidencia empírica, análisis técnicos rigurosos y la evaluación de modelos comparados.

Riesgos institucionales, financieros y legales

La organización alertó sobre los riesgos en materia de gobernanza y financiamiento que podría acarrear la concentración de funciones con naturalezas y objetivos distintos.

Indicó que la fusión abriría un debate sobre el uso del 4 % del Producto Interno Bruto destinado a la educación preuniversitaria, lo que podría comprometer la sostenibilidad financiera de ese nivel y generar incertidumbre sobre los recursos asignados a la educación superior, la ciencia y la tecnología.

Finjus recordó que el marco jurídico vigente, particularmente las leyes 66-97 y 139-01, responde a una lógica de diferenciación funcional y especialización institucional, necesaria para atender adecuadamente los distintos niveles educativos y el desarrollo científico.

Asimismo, advirtió que una eventual unificación requeriría ser conocida y aprobada mediante una ley orgánica, al implicar una reorganización profunda del Estado y la modificación de competencias esenciales atribuidas por ley a ambos ministerios.

Llamado a un proceso participativo

La entidad subrayó que hasta el momento no se ha promovido un proceso participativo que integre de manera efectiva a la comunidad educativa, académica, científica y a la sociedad civil organizada, lo que convierte la propuesta en prematura.