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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una de las principales organizaciones de derechos humanos en El Salvador, anunció el cierre de sus operaciones tras casi 37 años de labor, al considerar que la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) hace inviable su trabajo.
En un comunicado, la entidad señaló que la normativa “constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos”. Añadió que bajo ese marco legal dichas actividades “se vuelven imposibles o se reducen a su mínima expresión”.
“Ante esa realidad, como Fespad hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal”, explicó la organización, que desde 1988 ha acompañado a familiares de personas desaparecidas, impulsado investigaciones sobre violencia, promovido reformas legales y fomentado el diálogo intersectorial.
Fespad se convierte en la segunda entidad que abandona el país debido a la LAEX, después de que la organización Cristosal anunciara meses atrás la suspensión de su labor tras denunciar una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos.
La ley establece un impuesto del 30 % sobre recursos de cooperación internacional y prevé multas de hasta 250,000 dólares, además de sanciones penales, lo que, según Fespad, “vuelve insostenible financieramente a cualquier institución” que no sea exenta de su aplicación.
La relatora de la ONU para defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, alertó en julio que el clima para la defensa de derechos en El Salvador “se ha deteriorado significativamente” bajo el estado de excepción vigente y la nueva ley.
