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El exdirector de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Fernando Caamaño, denunció este lunes que la presunta malversación de fondos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) podría superar los 60 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones realizadas por su partido político.
Caamaño reclamó la realización de una auditoría forense internacional y cuestionó la actual gestión gubernamental en materia de salud y programas sociales, al señalar posibles irregularidades tanto en la asignación como en el manejo de los recursos públicos.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo explicó que su denuncia se sustenta en la incorporación masiva, desde el año 2021, de aproximadamente 2.4 millones de personas que no calificaban como pobres según el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), situación que —aseguró— generó serias distorsiones financieras en Senasa. Indicó que su organización solicitó formalmente una auditoría forense al presidente de la República, al considerar que los 16 mil millones de pesos inicialmente señalados como monto del desfalco no reflejan la magnitud real del problema. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Así Vamos.
Caamaño también criticó lo que calificó como una falta de independencia del sistema judicial, así como el uso de mecanismos como los denominados “cazarrecompensas” —bufetes de abogados cercanos al poder— y la figura de la delación premiada, advirtiendo que estas prácticas podrían derivar en una recuperación mínima de los fondos en relación con el daño ocasionado al Estado. Además, cuestionó la creación de un comité de vigilancia que, según afirmó, opera por encima del consejo legalmente establecido de Senasa, al que calificó como una maniobra para encubrir irregularidades.
De igual manera, denunció anomalías en la administración de los programas sociales del Gobierno, incluyendo el uso de tarjetas de débito sin identificación y la entrega de beneficios a personas que no cumplen con los criterios de elegibilidad. En ese contexto, sostuvo que tanto él como su esposa figuraron indebidamente como beneficiarios del régimen subsidiado de Senasa, a pesar de no reunir las condiciones requeridas, lo que —dijo— evidencia el nivel de abuso existente.
“Las autoridades están obligadas a rendir cuentas claras al pueblo dominicano, con detalles precisos sobre dónde fueron a parar los recursos, cuánto se gastó y cómo se manejaron”, enfatizó.
Asimismo, exigió una auditoría forense a los programas sociales del Estado, al considerar que el uso indebido de recursos en ese ámbito podría ser incluso mayor que el escándalo financiero del caso Baninter.
Finalmente, Caamaño cuestionó la operatividad actual de Senasa y la falta de transparencia en la publicación de informes financieros. Criticó la transferencia de 12 mil millones de pesos desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) hacia Senasa y advirtió sobre la ausencia de controles efectivos en los programas sociales, lo que —según afirmó— facilita la depredación de fondos destinados a los sectores más vulnerables. El secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo exhortó al presidente de la República a reflexionar sobre su legado y el impacto institucional de las decisiones adoptadas en los años restantes de su mandato.