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Santo Domingo.– El senador por San Juan, Félix Bautista, propuso este miércoles que los delitos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información sean despenalizados en el proyecto de reforma del Código Penal, de manera que las sanciones privativas de libertad sean sustituidas por sanciones económicas.
Durante su intervención en el Senado, el legislador sostuvo que varios países de la región, como Argentina, Panamá, Perú y Nicaragua, contemplan sanciones de carácter económico y, en algunos casos, servicios comunitarios, para estos casos, en lugar de penas de prisión. Latinos y latinoamericanos.
Bautista también citó las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, quien afirmó que “la libertad de expresión no es solamente una protección jurídica. Es el oxígeno de la democracia”, al destacar su importancia para garantizar el debate público, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El congresista recordó que la Constitución de la República Dominicana de 2010 consagra la libertad como un derecho fundamental en varios de sus artículos, incluyendo el artículo 49, que reconoce el derecho de toda persona a expresar libremente sus ideas, opiniones e informaciones sin censura previa.
En ese sentido, afirmó que la protección de la libertad de expresión resulta esencial para ejercer la crítica, denunciar actos de corrupción, fiscalizar a los funcionarios públicos, desarrollar investigaciones periodísticas y garantizar elecciones libres, así como la formación de una opinión pública informada.
Durante su exposición, Bautista también hizo referencia a los planteamientos del jurista Cristóbal Rodríguez, quien considera que la reforma debe garantizar principios esenciales de la democracia, como la seguridad jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión e información y el respeto al principio de bicameralidad.
Rodríguez plantea, además, eliminar figuras penales ambiguas o imprecisas relacionadas con la difamación, la injuria y el ultraje a funcionarios, al considerar que podrían entrar en conflicto con los derechos constitucionales de libre expresión e información y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.