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Fedomu y LMD aclaran que reforma a la Ley 75-25 no elimina sanciones por incumplimiento municipal

Las entidades municipales aseguran que la modificación legal mantiene el régimen de consecuencias y refuerza la seguridad jurídica de los ayuntamientos

Jazmin Liriano
Jazmin Liriano
9 enero, 2026 - 10:46 AM
3 minutos de lectura
El presidente de Fedomu, Nelson Núñez
Ley 176-07
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La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) aclararon de manera categórica que las modificaciones introducidas al artículo 21 de la Ley núm. 176-07 no eliminan las sanciones por el incumplimiento de la normativa presupuestaria municipal, contrario a interpretaciones difundidas recientemente en algunos medios de comunicación.

Ambas entidades explicaron que dichas informaciones presentan una lectura imprecisa del alcance real de la modificación, aprobada por el Senado de la República, la cual no despenaliza las faltas ni suprime el régimen de consecuencias aplicable a los funcionarios municipales.

Las sanciones se mantienen conforme a la Constitución y el Código Penal

Mediante un comunicado conjunto, los presidentes de Fedomu, Nelson Núñez, y de la LMD, Víctor D’Aza, precisaron que la reforma establece que las sanciones serán aplicadas conforme a la Constitución de la República y al nuevo Código Penal Dominicano, el cual contempla de manera expresa la destitución de los funcionarios municipales que incumplan la ley.

En ese sentido, enfatizaron que “cualquier interpretación distinta carece de sustento jurídico y contribuye a una lectura errónea del alcance real de la reforma”, reiterando que el marco legal vigente mantiene intactos los principios de responsabilidad y control en la gestión municipal.

Las instituciones subrayaron que esta actualización legal no representa, bajo ninguna circunstancia, un debilitamiento de la transparencia, el control ni la rendición de cuentas, ya que los gobiernos locales continúan plenamente sujetos al marco constitucional, a las leyes de administración pública, a los órganos fiscalizadores del Estado y al escrutinio ciudadano.

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