El abogado Patricio Mañón Amador, representante legal de la familia Reyes, exigió este jueves al Estado dominicano el pago del 20 % pendiente por concepto de indemnización de los terrenos donde fue construido el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
Uno de los denunciantes, identificado como Mayon Amador denunció que el Ministerio Público ha sido el principal obstáculo para que el Estado cumpla con el mandato judicial, al mantener una “oposición sistemática” en diversas instituciones públicas, lo que ha impedido la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La Primera Sala del TSA ordenó al Estado dominicano el pago de 515 millones 346 mil 340 pesos a favor de los herederos del legítimo propietario original de los terrenos del AILA.
El fallo abarca un área de 67,586.40 metros cuadrados, valorados en RD$7,625 por metro, ubicados dentro del perímetro actual del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Entre los beneficiarios figuran Delia Reyes Escoto, Pedro Reyes, Ramón Pérez, Mario Reyes, Virginio Escoto, Cecilio Escoto y Víctor de Jesús Escoto.
El togado también criticó la manera en que el Ministerio Público ha manejado su acusación dentro del caso por presunta corrupción que involucra a exministro, señalando que se ha intentado “mezclar injustamente” a sus representados con personas como Ángel Lockward, Ronald Guerrero y Marcial Reyes, insinuando una supuesta coalición entre actores públicos y privados.
Recordó que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, objetó el cumplimiento de la sentencia durante su gestión, pero los tribunales ratificaron nuevamente la obligación del Estado de pagar a los reclamantes.
“El Ministerio Público ha querido presentar a nuestros clientes como parte de un entramado de corrupción, cuando en realidad son legítimos herederos que reclaman un pago ordenado por los tribunales. Esta postura solo retrasa la justicia y afecta la credibilidad del sistema judicial”, puntualizó.
La expropiación se produjo mediante el decreto 01159 del 19 de septiembre de 1955, contra los terrenos propiedad del hoy Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez.