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El expresidente de Haití Jocelerme Privert se pronunció a favor de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la conformación de una Fuerza de Eliminación de Pandillas, que "ante esta tragedia nacional, es urgente que las fuerzas nacionales de seguridad, con el apoyo efectivo de esta nueva, logren restablecer la autoridad del Estado y pongan fin, de manera definitiva e irreversible, a este reino de terror".
En una entrevista a Diario Libre, Privert dijo que la población ya no puede seguir pagando el precio de las decisiones irreflexivas de los líderes políticos que han fortalecido el control de estos criminales sobre el país. Refirió que, a cuatro años del asesinato cobarde de Jovenel Moïse, los verdaderos autores e instigadores del crimen no se conocen.
—Hace cuatro años, unos sicarios asesinaron al presidente Jovenel Moïse. ¿Se ha hecho justicia?
Han pasado ya más de cuatro años desde que el presidente haitiano, Jovenel Moïse, fue cobardemente asesinado en su residencia. Desde aquella tragedia, la investigación judicial abierta en Haití ha conocido una sucesión de magistrados sin lograr, hasta el día de hoy, identificar a los verdaderos autores e instigadores del crimen.
Mientras la justicia haitiana se hunde en una instrucción perpetua, la que llevan a cabo las autoridades judiciales de Estados Unidos avanza con rapidez. Varias personas implicadas ya han sido juzgadas y condenadas, o están a la espera de su proceso. Este contraste resalta de manera amarga las fallas estructurales de nuestra institución judicial.
—¿Qué faltó en la investigación de este incidente para recuperar la confianza no solo a nivel nacional, sino también dentro de la comunidad internacional?
Francamente, nadie puede justificar razonablemente semejante anomalía. El auto de cierre dictado por el juez de instrucción encargado de la investigación en torno a este asesinato identificó formalmente a varios imputados, remitidos ante una jurisdicción penal. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos que se les reprochan, todos proclamaron su inocencia e interpusieron inmediatamente un recurso de apelación.
El procedimiento se reactivó, en particular con la audiencia de las personas detenidas, así como de aquellas aún en libertad pero mencionadas en la investigación. Lo especialmente preocupante es que algunos inculpados —entre los más influyentes— se refugiaron en el extranjero y se niegan categóricamente a responder a las citaciones de la justicia. Las órdenes de arresto emitidas en su contra han quedado, hasta ahora, sin efecto.
Este disfuncionamiento ilustra, una vez más, el impacto de esta larga crisis política sobre los cimientos mismos del Estado haitiano. El poder judicial, al igual que el ejecutivo y el legislativo, sufre las consecuencias directas. Su incapacidad para garantizar una justicia equitativa y accesible a todos refuerza el sentimiento de impunidad y contribuye al colapso de las instituciones que deberían garantizar la democracia y el Estado de derecho.
No hay que olvidar que el propio presidente Jovenel Moïse había reconocido públicamente, desde el extranjero, haber sido obligado a nombrar a unos cincuenta jueces corruptos. Esta declaración, tan grave como simbólica, dañó profundamente la credibilidad del sistema judicial.
Hoy, es urgente —diría incluso vital— emprender una reforma profunda del sistema judicial. No solo para restaurar la confianza de los ciudadanos, sino también para devolver al país una imagen de seriedad y credibilidad a nivel internacional. Sin justicia, no puede haber ni paz duradera ni democracia real.
—¿Cuáles son los problemas que llevaron al primer pueblo libre de América (Haití) a caer en el hoyo en el que se encuentra hoy?
Responder a esta pregunta planteada ya en 1882 por Edmond Paul, en Las causas de nuestros males, no es fácil, pues los problemas de Haití son profundos y múltiples. La antigua colonia francesa, tras conquistar su independencia al precio de la sangre, tuvo que enfrentar la hostilidad de las potencias esclavistas. En 1825, se vio obligada a pagar un rescate exorbitante para el reconocimiento de su libertad, endeudándose fuertemente con los bancos de los antiguos colonos. Esta doble deuda, sumada a las divisiones internas entre antiguos libres y nuevos libres, hipotecó duraderamente los esfuerzos de construcción nacional.
En la época contemporánea, cuarenta años después del fin de la dictadura de los Duvalier, las promesas de la Constitución de 1987 siguen inconclusas. Los derechos, el pluralismo y la alternancia democrática deseados por el pueblo nunca han sido prioridades para los actores políticos, demasiado a menudo refractarios a las exigencias de un régimen democrático. Desde 1990, la inestabilidad institucional —marcada por administraciones provisionales repetidas y disfuncionamientos constantes en el poder legislativo— ha hundido al país en una espiral de incertidumbres y vacío jurídico.
A estas fragilidades políticas se suman graves crisis económicas, sociales, humanitarias y medioambientales, agravadas por las catástrofes inevitables de 2010, 2016 y 2021, cuyas secuelas sobrepasan ampliamente las capacidades nacionales. Estos desafíos requieren esfuerzos conjuntos, nacionales e internacionales, para poder iniciar un verdadero proceso de recuperación.